Salta, Tucumán y San Luis impulsan modificaciones en sus marcos electorales en paralelo a la discusión que también gana volumen en el Congreso. Tensiones políticas, búsqueda de transparencia y nuevas reglas de juego marcan la agenda.
En sintonía con el debate nacional, distintas provincias comenzaron a mover fichas en materia electoral y de transparencia institucional. Los casos de Salta, Tucumán y San Luis muestran cómo la discusión sobre reformas políticas y proyectos de Ficha Limpia se expande en el interior, con iniciativas que avanzan en medio de tensiones entre oficialismo y oposición.
En Salta, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la reforma electoral impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz. El proyecto propone modificar el sistema de competencia, habilitando que distintas listas compitan dentro de un mismo frente y que luego sus votos se acumulen para la disputa de cargos, un esquema que despertó críticas por su similitud con la antigua ley de lemas.
El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para ampliar la participación y simplificar el proceso electoral, mientras que desde la oposición advirtieron que podría distorsionar la representación y beneficiar al partido de gobierno. La propuesta también incorpora cambios como la eliminación del piso electoral para fuerzas pequeñas y la exigencia de estudios toxicológicos para candidatos, un punto que sumó polémica en el recinto.
El proyecto ahora deberá ser tratado por el Senado provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría, lo que anticipa un escenario favorable para su aprobación definitiva.
En paralelo, en Tucumán, el eje está puesto en la implementación de Ficha Limpia. El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó reuniones con jefes de bloque para acelerar el tratamiento de la iniciativa, que comenzará a debatirse en comisiones en los próximos días.
El proyecto busca impedir que personas con condenas confirmadas accedan a cargos públicos, tanto electivos como designados, incluyendo delitos de corrupción, narcotráfico y violencia. La discusión no está exenta de matices: existen propuestas con distintos niveles de exigencia, desde quienes plantean la inhabilitación con condenas en segunda instancia hasta quienes proponen extenderla a fallos en primera instancia.
Desde la Legislatura remarcan la intención de alcanzar un consenso amplio, aunque reconocen que no habrá unanimidad. En ese marco, el oficialismo apuesta a avanzar con una norma que tenga legitimidad política y social.
Por su parte, en San Luis, también se presentó un proyecto de Ficha Limpia que se suma a la tendencia. El impulsor de la iniciativa, el legislador Martín D’Alessandro, propuso restringir el acceso a cargos públicos a personas con condenas judiciales, en línea con demandas de mayor transparencia.
El planteo se inscribe en una ola que ya tiene antecedentes en varias provincias, donde normativas similares se encuentran vigentes y comenzaron a aplicarse en procesos electorales recientes. En paralelo, el Congreso nacional vuelve a tomar el tema, con nuevos proyectos que buscan establecer criterios uniformes para todo el país.
Así, el mapa político argentino empieza a reconfigurarse con reformas que, más allá de sus diferencias, comparten un mismo trasfondo: redefinir las reglas de acceso al poder en un contexto de creciente demanda social por mayor control, transparencia y legitimidad institucional.
