El Arzobispado impulsa la creación de un registro único y plantea reconvertir la actividad hacia un esquema formal con funciones ampliadas y acceso a protección social.
El Arzobispado de Córdoba presentó una propuesta para regular la actividad de los denominados “naranjitas” en la capital provincial, en medio del debate sobre su prohibición. La iniciativa, impulsada por la institución encabezada por Ángel Rossi, plantea un esquema de formalización que incluye registro, control y ampliación de funciones, con el objetivo de dar una respuesta integral a la problemática.
Desde la Iglesia sostuvieron que la prohibición no constituye una solución de fondo y advirtieron sobre la necesidad de abordar la situación desde una mirada más amplia. En el comunicado difundido, remarcaron que los enfoques parciales no logran dar respuesta a la complejidad social que atraviesa a quienes desarrollan esta actividad, y plantearon la importancia de generar alternativas que promuevan inclusión.
El eje central de la propuesta es la creación de un Registro Único de Cuidadores (RUC), que estaría a cargo de equipos interdisciplinarios encargados de evaluar la situación socioambiental de cada trabajador. A partir de esa instancia, se avanzaría en la formalización del rol bajo la figura de “servidor público calificado”.
El esquema contempla la incorporación de herramientas de identificación y trabajo, como credenciales, indumentaria específica y dispositivos móviles para el cobro digital. Además, propone articular la tarea con distintas áreas del Estado, incluyendo fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y dependencias municipales.
Entre las funciones asignadas, se incluye no solo el cuidado de vehículos, sino también la posibilidad de reportar problemas urbanos como baches, fallas en el alumbrado o microbasurales, así como asistir a turistas o personas mayores en la vía pública. La iniciativa busca, de este modo, integrar la actividad a una lógica de servicios urbanos.
Otro de los puntos centrales es el acceso a protección social para quienes se incorporen al sistema, con cobertura de seguros, inclusión en la seguridad social y bancarización obligatoria. En paralelo, se plantea ordenar el esquema de cobro, evitando superposiciones con otros sistemas y restringiendo la actividad a zonas debidamente identificadas.
La propuesta también contempla situaciones específicas como eventos masivos, donde sugiere la concesión del servicio a cooperativas, en un intento por canalizar la actividad dentro de marcos organizados y regulados.
