Durante una reunión en la Rural de Río Cuarto, se plantearon reclamos por la alta carga impositiva, la infraestructura deficiente y la inseguridad en el campo. También se solicitaron encuentros con autoridades para abordar estos problemas.
Con el objetivo de buscar soluciones a las problemáticas que afectan al sector agropecuario, la Sociedad Rural de Río Cuarto llevó a cabo la primera reunión del año entre el Cuerpo de Delegados y la Comisión Directiva de la entidad. Durante el encuentro, el presidente Heraldo Moyetta subrayó la importancia de trascender el debate y trabajar en propuestas concretas. “Este tipo de reuniones solo tienen sentido si logramos encontrar soluciones reales a las dificultades que enfrentamos”, afirmó el dirigente.
Uno de los temas centrales fue la fuerte carga impositiva que afecta a los productores, en particular el aumento del impuesto inmobiliario rural en la provincia. Los representantes del sector denunciaron que la suba dispuesta por la Unicameral, del 172%, supera ampliamente el 112% de inflación registrado por el Indec en 2024. Además, advirtieron que en muchos casos el incremento real supera el 200%. Moyetta expresó su descontento ante la falta de respuestas del Gobierno provincial: “Hemos tenido devolución nula respecto de nuestros reclamos para retrotraer el impuesto y vincularlo con la inflación real. Tampoco hemos sido convocados para discutir estas decisiones que nos afectan directamente”.
Otra preocupación recurrente fue la necesidad de reemplazar los postes de madera en los tendidos eléctricos rurales por estructuras de cemento. Los productores alertaron sobre el peligro de incendios en tiempos de sequía extrema, agravado por los fuertes vientos de la región. En este sentido, se resolvió convocar a los titulares de las cooperativas eléctricas locales para discutir la facturación y los costos de mantenimiento del servicio.
Respecto a la infraestructura rural, los asistentes manifestaron expectativas por la implementación de la nueva ley de consorcios, aunque lamentaron la falta de avances concretos. Si bien los fondos destinados a caminos están llegando paulatinamente, la preocupación persiste en zonas críticas como el paraje Río Seco, donde los caminos estuvieron intransitables durante veinte días a la espera de una obra que aún no se ha concretado. Situaciones similares se registran en Santa Flora, donde las obras sobre el canal quedaron inconclusas.
En cuanto a la seguridad rural, los productores manifestaron su hartazgo ante los reiterados robos y actos de vandalismo en sus propiedades. Asimismo, denunciaron la falta de un mecanismo efectivo para el mantenimiento de las patrullas rurales, lo que los obliga a cubrir de su propio bolsillo los gastos de combustible y repuestos para los vehículos de vigilancia. En este marco, se propuso organizar un encuentro con las autoridades de la Patrulla Rural para conocer su estructura y reglamentación y, en base a ello, plantear reclamos más eficaces.
Finalmente, la entidad decidió organizar reuniones periódicas con legisladores provinciales de todos los sectores políticos. El objetivo será garantizar que las demandas del sector agropecuario lleguen a los ámbitos de decisión y que las políticas públicas reflejen la realidad de los productores rurales.
