El Gobierno provincial busca evitar un nuevo rechazo en la asamblea gremial mientras mantiene en reserva los cambios. No descartan avanzar por decreto si fracasa la negociación.
En un movimiento de último momento, el gobernador Martín Llaryora decidió mejorar la oferta salarial a los docentes con el objetivo de torcer una tendencia adversa en la asamblea provincial de UEPC, que se reunirá para definir si acepta o rechaza la propuesta oficial.
El escenario previo no es favorable para la Provincia. Según los sondeos internos, existe una leve mayoría de delegados con mandato de rechazo, en una votación que se anticipa ajustada y atravesada por tensiones internas dentro del gremio.
Ante ese panorama, durante el fin de semana se intensificaron las negociaciones reservadas entre funcionarios del Centro Cívico y la conducción sindical encabezada por Roberto Cristalli. De esos contactos surgió la decisión de introducir cambios en puntos sensibles que habían sido cuestionados por las bases.
Los ejes sobre los que girarían las modificaciones incluyen el impacto de los descuentos por días de paro, la recomposición para jubilados y la dinámica de aumentos mensuales prevista hasta comienzos de 2027. Si bien no se oficializaron detalles, trascendió que podría haber mejoras en los montos destinados a pasivos y en las condiciones de devolución de descuentos.
El hermetismo domina tanto en el Gobierno como en el gremio. La conducción de la UEPC evitó anticipar posicionamientos y dejó en manos de la asamblea la resolución final, en un contexto donde también pesan las diferencias entre la estructura provincial y delegaciones fuertes como Capital, Río Cuarto y Villa María.
En paralelo, la Provincia ya evalúa un escenario alternativo. Si la oferta vuelve a ser rechazada, Llaryora podría avanzar con un aumento por decreto en los mismos términos ya planteados, acompañado por un pedido de prórroga de la conciliación obligatoria para sostener la negociación.
El calendario juega en contra: el vencimiento para liquidar los salarios de abril obliga a una definición inminente, mientras el conflicto docente suma semanas sin resolución y mantiene en vilo el normal desarrollo del ciclo lectivo.
