Copete: FOPEA y ADEPA advirtieron por agresiones, restricciones y hostigamiento contra periodistas y señalaron el impacto de las políticas del Gobierno.
Periodistas y representantes de organizaciones vinculadas a la prensa advirtieron este viernes sobre un deterioro de la libertad de prensa en Argentina, durante una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. FOPEA, APeRA, Periodistas Argentinas y trabajadores de distintos medios expusieron sobre agresiones, restricciones al acceso a la información y dificultades para desarrollar la tarea periodística.
El vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Claudio Jacquelin, calificó la situación como “sumamente grave” y sostuvo que la libertad de expresión atraviesa un estado de “fragilidad demasiado profunda”.
Según el monitoreo de FOPEA, durante 2025 se registró un récord de agresiones contra periodistas, una cifra que, de acuerdo con la entidad, ya habría sido superada durante 2026. Jacquelin afirmó que más del 60% de las agresiones registradas provienen del Poder Ejecutivo Nacional, un porcentaje que definió como inédito desde el inicio del monitoreo.
Restricciones y ataques contra periodistas
FOPEA también denunció lo que considera un mecanismo sistemático de estigmatización y descalificación de periodistas y voces críticas por parte del poder central. Entre los hechos señalados incluyó modificaciones vinculadas con el acceso a la información pública, agresiones físicas de fuerzas de seguridad contra trabajadores de prensa, hackeos, campañas de difamación y acciones judiciales que, según la organización, pueden utilizarse para intimidar.
La entidad mencionó además el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó herido durante una manifestación frente al Congreso, y cuestionó las consecuencias que atribuye a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.
Otro de los principales ejes de las exposiciones fue la situación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Allí se denunciaron restricciones para circular por determinados espacios, dificultades para acceder a funcionarios y limitaciones para realizar repreguntas durante las conferencias de prensa.
Fernando Ramírez, presidente de APeRA, sostuvo que las condiciones para los periodistas acreditados comenzaron a deteriorarse después de los primeros meses de la actual administración. Gabriel Sanfilippo, también acreditado en Casa de Gobierno, expresó su preocupación por la posibilidad de que estas prácticas se conviertan en una política permanente.
Las agresiones y el impacto en las provincias
La secretaria de FOPEA, Paula Moreno Román, advirtió que algunas de las prácticas denunciadas a nivel nacional comienzan a reproducirse en distintos distritos. Según planteó, existen dificultades relacionadas con la distribución de publicidad oficial, la transparencia en el manejo de fondos públicos y el acceso de periodistas a funcionarios.
Moreno Román puso el foco además en la importancia de las repreguntas durante las conferencias de prensa. A su entender, su eliminación puede favorecer un discurso exclusivamente unidireccional desde los organismos de gobierno.
Desde Periodistas Argentinas, Nancy Pazos denunció la violencia sufrida por trabajadores de prensa durante las manifestaciones frente al Congreso. Afirmó que más de 150 cronistas y reporteros gráficos resultaron gravemente heridos en los últimos dos años mientras realizaban coberturas. El dato corresponde a la organización y no fue presentado en la exposición con una fuente judicial independiente.
Pazos reclamó que una eventual actualización del Estatuto del Periodista incluya garantías específicas para que los trabajadores puedan desarrollar su tarea sin sufrir violencia. También recordó que Periodistas Argentinas presentó un hábeas corpus preventivo y señaló que el planteo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
ADEPA cuestionó los agravios y alertó por un “efecto contagio”
En paralelo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información durante su 64ª Asamblea General, realizada en San Miguel de Tucumán.
La entidad expresó preocupación por las críticas y agresiones del presidente Javier Milei y de integrantes de su Gobierno contra periodistas. ADEPA sostuvo que la crítica al periodismo forma parte del debate democrático, pero advirtió que los agravios y la estigmatización provenientes de funcionarios con altas responsabilidades públicas pueden deteriorar la discusión pública y generar un “efecto contagio” en la sociedad.
El informe también hizo referencia a declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ante una información periodística que consideró falsa planteó la intervención de la Justicia y la posibilidad de una legislación específica para sancionar ese tipo de conductas. ADEPA cuestionó esa alternativa y advirtió sobre el riesgo de generar un efecto inhibitorio sobre la investigación periodística.
La asociación también incorporó al debate el impacto de la inteligencia artificial sobre la industria de medios. En particular, reclamó mecanismos que protejan la propiedad intelectual de los contenidos periodísticos utilizados para entrenar modelos de lenguaje y alimentar sistemas digitales.
Según ADEPA, la defensa de la libertad de expresión también requiere preservar las condiciones económicas que permiten la existencia de medios independientes, redacciones profesionales y medios locales.
Los planteos de FOPEA y ADEPA convergieron así en una preocupación común: las agresiones, la estigmatización y las restricciones denunciadas por las entidades no afectarían solamente a los trabajadores de prensa, sino también al derecho de la sociedad a acceder a información y contar con medios capaces de ejercer control sobre quienes gobiernan.