El cuerpo acordó elaborar un pronunciamiento institucional a partir de las notas presentadas por el claustro estudiantil y elevarlo al Consejo Interuniversitario Nacional. Los consejeros coincidieron en que el reciente acuerdo entre gremios, el CIN y el Gobierno nacional es un alivio transitorio que no resuelve los problemas estructurales del sistema universitario.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) acordó este martes elaborar un pronunciamiento institucional sobre la situación del sistema universitario, tomando como base dos notas presentadas por el claustro estudiantil durante la sesión realizada en la sala Pereira Pinto del Rectorado. El cuerpo también resolvió elevar ese pronunciamiento al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para darle mayor visibilidad al reclamo.
Durante el debate, los consejeros destacaron el rol de los estudiantes como impulsores del reclamo y resolvieron sostener los principios de la última resolución aprobada por el cuerpo, que mantiene la declaración de emergencia salarial, presupuestaria y de becas estudiantiles. Coincidieron además en que el reciente acuerdo alcanzado entre los gremios, el CIN y el Gobierno nacional representa apenas un alivio transitorio que no resuelve los problemas estructurales de financiamiento que atraviesan las universidades públicas.
La consejera estudiantil Valentina Herbsommer presentó una nota centrada en la situación de las Becas Progresar, que calificó de «vulnerabilidad» para los beneficiarios en la UNRC y en el resto de las universidades nacionales. Según remarcó, mientras se avanzó en la recomposición salarial docente y no docente y en una actualización del 50% para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, las Becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 mensuales —que se reducen a $28.000 netos por una retención del 20%—, una cifra que, según afirmó, «no llega a cubrir el costo mensual de los apuntes, los pasajes de colectivo local o los materiales mínimos de estudio». La nota, aprobada por unanimidad, solicita que la rectora traslade el reclamo al CIN para unificar el pedido entre todas las universidades públicas.
Una segunda nota, presentada por el consejero Sergio Tomás Gudiño Molina y firmada por las agrupaciones La SAL, El Big Bang, La Chispa y las asambleas de estudiantes y graduados de Filosofía, Letras y Trabajo Social, cuestionó en términos más amplios el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y las universidades. Según el documento, el convenio garantiza un incremento salarial del 24,33% —un 38,3% por debajo de lo que exige la Ley de Financiamiento Universitario— y una recomposición presupuestaria del 20%, también por debajo del piso que fija la norma. La nota remarca que el acuerdo no contempla actualización alguna para las Becas Progresar y advierte sobre el impacto de esa situación en la vida cotidiana de los estudiantes, que deben reducir su tiempo de cursada para poder trabajar frente al aumento de los alquileres, los alimentos y el transporte.
Entre las acciones concretas que las agrupaciones propusieron al Consejo Superior se incluyen el aumento de las becas de Ayuda Económica y de Discapacidad, la garantía de presupuesto para viajes curriculares, la ampliación del comedor universitario, el reacondicionamiento de las residencias estudiantiles y la puesta en funcionamiento del Salón de Usos Múltiples de las Residencias Estudiantiles Universitarias (REU). Desde el cuerpo colegiado remarcaron que el impulso del movimiento estudiantil constituye una señal de alerta hacia la sociedad sobre la importancia de defender el acceso, la permanencia y el derecho a la educación superior pública.
