El jefe municipal adelantó que se trabajará en gestiones para colocar un monolito en homenaje a la joven que falleció en 2020. Su caso tomó repercusión nacional durante la pandemia, cuando no pudo despedirse de sus padres debido a las restricciones impuestas por la estricta cuarentena.

El caso de Solange Musse conmovió al país en medio de la confusión que generaba el comienzo de la pandemia Covid. La joven falleció de cáncer en la ciudad de Córdoba en agosto del 2020 y su padre no pudo despedirse de ella, ya que las autoridades no permitían su paso a la provincia, por la estricta cuarentena. Esa situación motivó una ola de adhesiones a nivel nacional que llevaron el caso a la Justicia.

En la jornada de hoy, los padres de Solange volvieron a Huinca Renancó para iniciar una serie de reuniones que tienen como fin continuar con el pedido de justicia y la difusión de la frase que encabeza esta cruzada: “Hasta el último suspiro tengo mis derechos”.

En primera instancia, Pablo y Beatriz Musse se reunieron con Oscar Saliba, intendente de la localidad, con quien conversaron sobre el paso de este caso y la conmoción que generó en la comunidad. En ese sentido, el intendente de Huinca Renancó adelantó que se realizarán gestiones para colocar un monolito en honor a Solange que se emplazaría en Ruta 35.

“Al tratarse de una ruta nacional, debemos gestionarlo con Vialidad Nacional. Pero creemos que vamos a conseguirlo”, dijo el jefe municipal de la localidad, quien además reflexionó: “Uno como padre, lo siente muchísimo. En la pandemia se vivió una psicosis muy grande”.

Además, mantuvieron una reunión con el fiscal que investiga el caso de su hija, Marcelo Saragusti, para ponerse al tanto del avance de la causa que ya fue elevada a juicio. Cabe recordar que sus padres presentaron una denuncia penal en la Justicia Federal para que investigue el rol de las autoridades del Gobierno de Córdoba. En aquel momento, Pablo había intentado llegar a Córdoba para despedir a su hija, pero las autoridades se lo impidieron.

Producto de esto, se imputó al sargento primero de la Policía Caminera, Darío Masilla; los médicos Eduardo Javier Andrada y Sergio Alí, del COE; y Analía Morales, trabajadora social del COE Río Cuarto, procesados por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

“Te extraño un montón, desde que iniciaste tu viaje la vida ya no es la misma, hasta que nos volvamos a encontrar seguiremos pidiendo justicia”, escribió Pablo Musse en sus redes días atrás.

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