Los fideicomisos estatales recaudaron más de $8,2 billones durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei, pero ejecutaron una parte de esos recursos. El excedente fue destinado principalmente a instrumentos financieros.
El Gobierno de Javier Milei acumuló un excedente cercano a los US$ 3.000 millones en fondos fiduciarios durante sus primeros dos años de gestión. Se trata de recursos que tienen destinos específicos establecidos por ley, principalmente vinculados con obras de infraestructura.
El dato surge de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales. Los fideicomisos que continúan operativos recaudaron más de $8,2 billones entre 2024 y 2025, pero utilizaron solo una parte de esos fondos para los objetivos originales.
Durante 2024, los fideicomisos ejecutaron el 55,8% de los recursos disponibles. En 2025, la proporción aumentó al 69,5%, mientras que durante el primer trimestre de 2026 alcanzó el 69,7%.
Recursos destinados a inversiones financieras
La diferencia entre los ingresos y los gastos de los fondos terminó, en buena medida, colocada en instrumentos financieros. Según la información presupuestaria, el Ministerio de Economía modificó progresivamente la estrategia: de los depósitos a plazo fijo en el Banco Nación pasó a utilizar también letras, bonos y otros títulos de deuda del Tesoro.
Los fideicomisos registraron un superávit financiero de aproximadamente $1,86 billones en 2024 y $1,23 billones en 2025. Convertidos al tipo de cambio oficial promedio de cada año, representan unos US$1.978 millones y US$973 millones, respectivamente.
Para 2026, las proyecciones presupuestarias contemplan colocaciones financieras por alrededor de $1,33 billones, equivalentes a unos US$880 millones.
De mantenerse esta dinámica, estimaciones privadas calculan que los excedentes acumulados podrían acercarse a los US$4.000 millones al finalizar los primeros tres años de gestión.
Menos recursos para obras de infraestructura
La subejecución de los fideicomisos impactó sobre distintos programas de infraestructura en el país. Entre los casos señalados aparece el Fondo de Integración Socio Urbana, cuyos recursos destinados a proyectos se redujeron fuertemente.
Según los datos relevados, las transferencias para ese fondo cayeron un 94%, situación que afectó a cientos de proyectos de infraestructura básica y viviendas en barrios populares.
También se registraron restricciones en el Sistema de Infraestructura del Transporte y el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las colocaciones financieras superaron en distintos períodos a los recursos destinados efectivamente a obras.
El esquema refleja una prioridad del Gobierno nacional: preservar el resultado fiscal y acumular recursos financieros, aun cuando parte de esos fondos tenga originalmente un destino específico vinculado con infraestructura.
