El Ministerio de Economía seleccionó al consorcio encabezado por Rowing para adquirir el 90% de las acciones estatales de la empresa de agua y saneamiento. La operación deberá formalizarse antes del 13 de noviembre, mientras legisladores opositores pidieron investigar la licitación y los criterios utilizados para valuar la compañía.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su programa de privatizaciones al adjudicar la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones. La oferta seleccionada corresponde a un consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA, que quedó primero en el orden de mérito de la licitación.
La decisión fue oficializada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1818/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo. Según lo establecido en la norma, el contrato de compraventa deberá firmarse antes del 13 de noviembre de 2026.
La propuesta ganadora superó a la presentada por un segundo grupo empresario, integrado por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA. Este consorcio había ofrecido US$285 millones, sin IVA.
De acuerdo con la resolución, la comisión evaluadora recomendó adjudicar la operación a la oferta mejor posicionada y no recibió impugnaciones dentro del plazo establecido. El Ministerio de Economía también sostuvo que los montos presentados resultaban razonables en función de las proyecciones de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Cómo seguirá el proceso de privatización de AySA
La resolución instruye a la Tesorería General de la Nación a comunicar al adjudicatario los datos de la cuenta en la que deberá depositar el pago correspondiente a las acciones estatales. La operación comprende 135.000 acciones ordinarias Clase A, que representan el 90% del capital social y de los votos de la compañía.
El proceso se enmarca en la Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización. En julio de 2025, el Decreto 494 habilitó la venta de la empresa, mientras que en mayo de 2026 el Ministerio de Economía convocó a una licitación para transferir la totalidad de la participación estatal a un único operador estratégico.
Las ofertas técnicas de los dos consorcios participantes se abrieron el 15 de septiembre y ambos fueron preseleccionados el 5 de octubre. Tres días después se conocieron las propuestas económicas a través de la plataforma CONTRAT.AR.
Cuestionamientos por el precio y los vínculos empresariales
La adjudicación también quedó bajo cuestionamiento por posibles conflictos de intereses y por los criterios utilizados para determinar el valor de la compañía. Entre los puntos señalados figuran los vínculos de empresas relacionadas con el grupo ganador con firmas que realizaron aportes a la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires durante 2025.
Según información de la Cámara Nacional Electoral, Direct Group y Lógico aportaron $20 millones cada una a esa campaña. Ambas firmas están vinculadas al entorno empresarial de Equo Capital, relacionado con Rowing. Estos antecedentes fueron señalados por Walter Martello, integrante de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en el marco de las críticas al proceso.
Por otra parte, cuatro integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones —las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich— presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se examinen las condiciones de la licitación y las tasaciones empleadas.
Los legisladores cuestionaron la reserva de los informes de valuación y plantearon dudas sobre la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Según su presentación, el organismo habría quedado al margen del procedimiento habitual y la valoración fue realizada por una unidad creada para ese propósito dentro del BICE.
La denuncia también señala que el método elegido por el Gobierno, basado en ingresos proyectados, inversiones y costos operativos, presentaba dificultades para el Tribunal de Tasaciones, cuya labor se concentra en la valoración de activos físicos. Los denunciantes solicitaron que se investiguen las circunstancias del procedimiento y las eventuales responsabilidades administrativas o penales.
Los planteos forman parte de los cuestionamientos al proceso de transferencia de AySA al sector privado. La adjudicación ya fue oficializada, pero la firma del contrato y el cumplimiento de los pasos previstos serán las próximas instancias para concretar la operación.