La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, y ahora será tratada por el Senado. El acuerdo entre La Libertad Avanza, bloques dialoguistas y Unión por la Patria permitió convertir en permanente buena parte de las prestaciones previstas en la ley de emergencia.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto que establece un nuevo régimen de protección social para las personas con discapacidad. La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado para su tratamiento.
El resultado fue posible luego de un acuerdo entre La Libertad Avanza, bloques dialoguistas y Unión por la Patria, que modificó sus posiciones durante las negociaciones parlamentarias. El entendimiento permitió avanzar con un dictamen que recupera buena parte de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque reemplaza su carácter transitorio por un esquema de aplicación permanente.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, fue acordado por el oficialismo con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. Entre sus principales puntos, mantiene la compatibilidad entre determinadas pensiones por discapacidad y el empleo formal, además de establecer mecanismos de actualización de prestaciones y cobertura sanitaria.
Qué establece el proyecto de discapacidad
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de que los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) cobren una pensión equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y, al mismo tiempo, trabajen en relación de dependencia o como monotributistas, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La iniciativa también conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización periódica de sus aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de los precios. Además, garantiza la cobertura básica de salud del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad.
En materia presupuestaria, el texto dispone que los recursos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal anterior. También incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información de organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Otro de los cambios incorporados durante la negociación establece un plazo de hasta 30 días para reglamentar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. A su vez, quienes tengan pensiones observadas por inconsistencias durante las auditorías dispondrán de 160 días para presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio.
El acuerdo político que destrabó la votación
La definición de Unión por la Patria fue determinante para alcanzar la amplia mayoría. Durante la jornada, sus referentes mantuvieron reuniones con organizaciones vinculadas a la discapacidad y resolvieron acompañar el dictamen acordado por el oficialismo y Argentina Federal, en lugar de insistir con una prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El diputado Juan Marino explicó que la decisión respondió a la falta de votos para sostener esa alternativa y a la necesidad de introducir mejoras en el texto que tuviera posibilidades de aprobación. Sin embargo, advirtió que la sanción no resolverá por sí sola la situación del sector y reclamó al Gobierno el cumplimiento efectivo de las obligaciones vigentes.
Marino también cuestionó las demoras en el otorgamiento de pensiones y alertó sobre el financiamiento de las prestaciones. Por su parte, Victoria Tolosa Paz destacó que las negociaciones permitieron ampliar la cobertura de Incluir Salud a titulares de pensiones por invalidez laboral e incorporar la compatibilidad con las asignaciones familiares.
Desde el oficialismo, el diputado Gerardo Huesen, miembro informante del proyecto, defendió el cambio de enfoque y sostuvo que las personas con discapacidad no pueden depender de emergencias y prórrogas sucesivas. Según argumentó, el objetivo es consolidar reglas permanentes, previsibilidad para las familias y mecanismos de control sobre el sistema.
Las críticas de Natalia de la Sota y la izquierda
El acuerdo no reunió el apoyo de toda la oposición. La diputada cordobesa Natalia de la Sota, del bloque Defendamos Córdoba, rechazó el proyecto y pidió que regresara a comisión para incorporar a las organizaciones de personas con discapacidad a la discusión.
La legisladora sostuvo que no existen garantías suficientes sobre el financiamiento y señaló que las entidades cordobesas con las que mantuvo contacto reclamaban extender la ley de emergencia. También cuestionó a quienes respaldaron el dictamen por considerarlo la alternativa posible ante la falta de votos para una prórroga.
En la misma línea, Romina del Plá, del Frente de Izquierda, anticipó el rechazo de su bancada. La diputada cuestionó el acuerdo parlamentario y expresó desconfianza respecto de que el Gobierno cumpla las disposiciones que finalmente se aprueben.
En cambio, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acompañó el dictamen con modificaciones y reclamó que el Senado avance rápidamente con la sanción definitiva. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también defendió el entendimiento y afirmó que alrededor del 75% de la ley de emergencia quedó incorporado al nuevo texto.
Con la media sanción, el proyecto pasó al Senado, donde continuará el debate sobre el régimen permanente de protección social para las personas con discapacidad. La discusión ahora se centrará en la aprobación definitiva y en la implementación efectiva de las prestaciones y garantías previstas.