El Gobierno de Martín Llaryora impulsa una nueva ley nacional que eleve los cortes de bioetanol y biodiésel, con la expectativa de atraer inversiones, industrializar la producción agropecuaria y generar empleo en el interior. La postura quedó plasmada en una publicación oficial de la Provincia, en medio del debate del proyecto en Diputados.
El Gobierno de Martín Llaryora busca instalar la ampliación del mercado de los biocombustibles como una oportunidad estratégica para Córdoba. La posición del Panal quedó expresada en una publicación difundida este domingo por el Gobierno provincial, que presenta el avance de una nueva ley nacional como una vía para sumar inversiones, fortalecer la industria y generar empleo a partir de la producción agropecuaria.
El pronunciamiento se produce mientras el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone elevar la proporción obligatoria de bioetanol en las naftas del 12% al 15% y la de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%.
Para la Provincia, el cambio permitiría ampliar la demanda de materias primas, aprovechar la capacidad industrial instalada y generar condiciones para nuevos desarrollos productivos. El argumento central es que Córdoba podría transformar una mayor parte de sus granos en energía sin limitarse a la comercialización de productos primarios.
La apuesta por industrializar en origen
La publicación oficial destaca las condiciones productivas de Córdoba para aprovechar una eventual expansión del mercado. El entramado provincial combina disponibilidad de maíz, plantas industriales, empresas tecnológicas, universidades y experiencias vinculadas con el uso de combustibles renovables.
Según los datos citados por el Gobierno, las grandes empresas del clúster cordobés elaboran alrededor del 70% del bioetanol de maíz destinado al corte de combustibles en Argentina. La cadena también incluye minidestilerías, plantas de biogás, generación con biomasa y firmas de ingeniería.
Desde la mirada provincial, ampliar el mercado no sólo beneficiaría a las empresas directamente vinculadas con los biocombustibles. Procesar los granos cerca de su lugar de producción también genera demanda de transporte, mantenimiento, equipamiento y servicios profesionales. A eso se suma la obtención de coproductos, como la burlanda utilizada en la alimentación animal, que conecta la actividad bioenergética con otras cadenas agropecuarias.
La apuesta del Panal es que una mayor participación de los combustibles renovables se traduzca en más valor agregado para la producción cordobesa, con efectos sobre las economías regionales y el empleo.
El antecedente de los cortes más altos
El Gobierno provincial también recuperó la experiencia local como argumento para respaldar el cambio normativo. En el marco de la Ley Provincial 10.721, Córdoba promovió la producción y el consumo de bioenergías e incorporó mezclas con mayor contenido renovable en flotas públicas.
Además, desde diciembre de 2024, una estación de servicio de la ciudad de Córdoba comercializa B20, gasoil con un 20% de biodiésel, y E17, nafta con un 17% de bioetanol, de acuerdo con la información oficial.
Esos antecedentes funcionan como respaldo de la posición provincial: Córdoba ya ensayó porcentajes superiores a los cortes nacionales y pretende que la legislación amplíe las posibilidades para el sector. La Provincia sostiene, de todos modos, que la expansión debe acompañarse con controles de calidad, compatibilidad técnica e infraestructura de abastecimiento.
Una proyección de US$ 500 millones
El planteo también fue parte del 3° Foro Público-Privado de Biocombustibles y Bioenergías, realizado en Córdoba el pasado 13 de octubre, bajo el lema “Los biocombustibles como vector energético federal”. El encuentro reunió a más de 250 representantes de los sectores público, privado, académico y del transporte.
Durante el foro, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, definió las bioenergías como una expresión de “la vaca viva”, en referencia a su complementariedad con Vaca Muerta. También destacó la posibilidad de avanzar con el marco legislativo reclamado por el exgobernador Juan Schiaretti y el actual mandatario provincial, Martín Llaryora.
Por su parte, la senadora salteña Flavia Royón señaló que la iniciativa podría habilitar inversiones por US$ 500 millones en las provincias productoras, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán y Jujuy. La cifra corresponde a una proyección para el conjunto de esos territorios, asociada con nuevas plantas y desarrollos industriales, y no exclusivamente a Córdoba.
El desafío de sostener a las distintas escalas productivas
La discusión legislativa también presenta diferencias dentro del propio sector. En Diputados, representantes de pequeñas y medianas empresas de biodiésel reclamaron modificaciones para resguardar su participación frente al esquema de competencia que podría establecer la nueva ley.
Ese punto abre uno de los desafíos para la propuesta que impulsa Córdoba: ampliar el mercado y dar previsibilidad a las inversiones sin dejar de atender las condiciones de las distintas escalas productivas.
La publicación oficial busca posicionar a los biocombustibles como parte de una estrategia de desarrollo que conecte al campo con la industria, la energía y el conocimiento. Para el Gobierno de Llaryora, la discusión nacional excede el porcentaje de mezcla en los surtidores: se trata de definir cuánto de la producción agropecuaria puede industrializarse en origen y qué oportunidades económicas puede generar esa transformación en el interior provincial.