Un informe del IARAF y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios contabilizó 62 obligaciones tributarias y administrativas para una empresa representativa. Aunque las cifras bajaron respecto de 2025, el estudio advierte sobre los costos de cumplimiento y los fondos inmovilizados por saldos a favor.
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la Argentina deben afrontar 34 tributos diferentes y otros 28 regímenes de percepción, retención e información a lo largo del año. Así lo establece el Vademécum tributario argentino de PyMEs 2026, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
El relevamiento contabiliza 62 obligaciones entre impuestos y exigencias administrativas, en un esquema que involucra a los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Aunque la cantidad de tributos y regímenes disminuyó en comparación con el año anterior, el informe advierte que las obligaciones formales y la acumulación de saldos a favor siguen representando obstáculos para la actividad empresarial.
Del total de tributos identificados, 16 corresponden al ámbito nacional. Entre ellos figuran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, los derechos de importación y exportación y las contribuciones patronales.
A nivel provincial se contabilizan ocho tributos, con Ingresos Brutos como uno de los principales componentes, junto con los impuestos Inmobiliario, Automotor y de Sellos.
En el plano municipal, el estudio identifica otros 10 gravámenes, entre los que se destacan la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), el Derecho de Publicidad y Propaganda y distintas tasas vinculadas con inmuebles y vehículos.
Menos tributos, pero persisten las obligaciones administrativas
La comparación con el relevamiento de 2025 muestra una reducción en la cantidad de obligaciones identificadas. Los tributos pasaron de 37 a 34, mientras que los regímenes de retención, percepción e información descendieron de 30 a 28.
La baja en el número de impuestos responde a la eliminación de gravámenes internos que alcanzaban a los seguros y a la telefonía celular, además de un ajuste metodológico que excluyó la tasa por ocupación de espacios públicos, por estar vinculada con actividades específicas.
En el caso de los regímenes administrativos, el informe distingue dos situaciones: la eliminación del mecanismo asociado al Impuesto PAIS, que implicó una reducción de alcance general, y la supresión de otro régimen que correspondía exclusivamente al sector de las escribanías.
De esta manera, el descenso en las cifras no representa necesariamente una simplificación generalizada para todas las empresas, ya que parte de las modificaciones responde a cambios puntuales en los tributos considerados o en el universo de actividades alcanzadas.
Cómo es la PyME que tomó como referencia el informe
Para elaborar el cálculo, el IARAF y la CAC definieron un modelo de empresa representativa con características habituales de una firma productiva de cierta complejidad operativa.
Se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) que cuenta con establecimiento propio, empleados registrados, vehículos y equipamiento tecnológico. Además, opera con cuentas bancarias, importa insumos y exporta parte de su producción.
El esquema también contempla los impuestos que la empresa afronta de manera indirecta a través de las facturas de servicios esenciales, como electricidad, gas natural, agua, telefonía celular e internet.
Sobre esa base, el relevamiento busca reflejar la diversidad de obligaciones que puede enfrentar una misma firma al desarrollar sus actividades, desde el pago de tributos nacionales hasta las tasas municipales y los distintos mecanismos de información y recaudación anticipada.
Los costos ocultos de las retenciones y percepciones
Más allá de la cantidad de impuestos, el informe identifica dos problemas asociados con los 28 regímenes de retención, percepción e información: el costo administrativo de cumplir con las exigencias y la acumulación de saldos a favor.
El primero está relacionado con los recursos humanos y operativos que las PyMEs deben destinar a liquidaciones, presentaciones periódicas y otros trámites fiscales. A esa carga se suma el riesgo de recibir multas o sanciones por incumplimientos formales.
El segundo problema surge cuando las retenciones y percepciones superan las obligaciones tributarias efectivamente adeudadas. En esos casos, las empresas acumulan saldos a favor cuya devolución puede demorarse por la burocracia de los procedimientos administrativos.
Mientras esperan recuperar esos fondos, las firmas no pueden destinarlos a capital de trabajo, inversiones o al pago de otros compromisos. Según el análisis, esa inmovilización funciona en la práctica como un costo adicional que afecta la liquidez y la competitividad empresarial.
Así, aunque el relevamiento de 2026 registra menos tributos y regímenes que el del año anterior, el problema para las PyMEs no se limita al número de obligaciones vigentes. La complejidad de su cumplimiento y las dificultades para recuperar los recursos retenidos continúan formando parte de la carga fiscal que enfrentan las empresas argentinas.