En medio de los focos activos que afectan a la Patagonia, la vicepresidenta anunció que propondrá una actualización del Código Penal para agravar las sanciones y reforzar la coordinación entre Nación y provincias en el combate contra el fuego.
Los incendios forestales continúan golpeando con fuerza a la Patagonia argentina, mientras los Bomberos y brigadistas mantienen un intenso trabajo para contener el avance de las llamas. En ese contexto, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se expresó públicamente y adelantó que impulsará cambios legislativos para endurecer las penas contra quienes inicien focos ígneos.
A través de sus redes sociales, Villarruel manifestó su preocupación por la reiteración de estos episodios y por el daño que generan tanto en el ambiente como en los bienes públicos y privados. “Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, escribió la presidenta del Senado.
En ese sentido, adelantó que propondrá a los senadores una actualización del Código Penal que contemple el agravamiento de las penas, incluyendo cárcel efectiva para quienes provoquen incendios. Además, planteó la necesidad de mejorar los mecanismos de articulación entre el Estado nacional y las provincias, con el objetivo de lograr una respuesta más eficiente y coordinada en el combate contra el fuego.
La vicepresidenta también fundamentó su postura en el marco constitucional, al recordar que el artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano. Desde esa perspectiva, sostuvo que la Patagonia “es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras” y que su cuidado y protección deben ser una prioridad permanente.
El planteo de Villarruel se suma a un debate recurrente en el país cada vez que se intensifican los incendios forestales, donde vuelve a ponerse en discusión la necesidad de contar con herramientas legales más severas y con políticas públicas más eficaces para la prevención, el control y la sanción de este tipo de delitos ambientales.
