El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja dio curso a una acción contra INCLUIR Salud y PAMI para asegurar la continuidad de servicios ante el corte de pagos a prestadores.
El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, declaró la admisibilidad de un amparo colectivo presentado con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones para personas con discapacidad. La acción judicial está dirigida contra INCLUIR Salud y PAMI, en un contexto marcado por la interrupción en la cadena de pagos a prestadores de salud.
La presentación fue impulsada para dar respuesta a una situación crítica que afecta a miles de beneficiarios, especialmente aquellos con pensiones no contributivas y Certificado Único de Discapacidad (CUD). El fallo reconoce la legitimidad de una madre y curadora para representar no solo a su hijo, sino al conjunto del colectivo afectado.
Uno de los puntos centrales de la resolución es que, al tratarse de un amparo colectivo, la decisión que adopte la Justicia tendrá alcance general, evitando la necesidad de múltiples presentaciones individuales. En ese sentido, la abogada Marta Lastra, referente en temas de discapacidad, valoró la medida por su impacto en términos de acceso a la justicia.
El planteo judicial apunta a revertir la situación generada tras la suspensión de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de decisiones adoptadas por el Gobierno nacional. Según se detalla, pese a que ese instrumento fue declarado inválido por la Justicia Federal, los pagos a prestadores no se normalizaron desde diciembre.
En los fundamentos de la resolución, el magistrado advirtió sobre la situación de vulnerabilidad del colectivo involucrado. “Cuando el sistema que debería garantizar la atención deja de funcionar, no solo se pone en riesgo la continuidad de las instituciones, sino la dignidad, la calidad de vida y el futuro de miles de personas”, sostuvo.
Asimismo, el fallo subraya que exigir reclamos individuales en este contexto resultaría contrario al acceso a la justicia. “Se advierte una posición de vulnerabilidad del colectivo involucrado (…) resultando irrazonable exigir presentaciones individuales”, señala el escrito judicial.
La causa abre ahora una instancia clave para definir la continuidad de prestaciones esenciales en el sistema de atención a personas con discapacidad, en medio de un escenario de tensión entre prestadores, beneficiarios y el Estado nacional.