La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su rechazo a la reglamentación de los aportes obligatorios. El sector reclama coherencia entre la agenda de modernización laboral anunciada por el Gobierno y las medidas finalmente implementadas.
La reglamentación de la reforma laboral abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y sectores del empresariado que habían recibido con expectativa la agenda de desregulación impulsada por la administración libertaria.
El principal cuestionamiento está dirigido a la reglamentación de los aportes obligatorios, que para distintas empresas representa un retroceso respecto del espíritu con el que se había presentado la reforma. La crítica fue planteada públicamente por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que manifestó su “profunda preocupación y rechazo” al Decreto 612/2026.
La entidad considera que la norma se aleja de uno de los objetivos que el Gobierno había planteado al promover la modernización laboral: reducir costos y cargas para los empleadores y facilitar la contratación formal.
Desde CADAM reclamaron que exista “coherencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno al impulsar la modernización laboral y la reglamentación posterior”.
El reclamo empresarial por los aportes
El malestar no apunta únicamente al contenido del decreto, sino también al cambio de expectativas generado durante el proceso de reforma.
Para el sector privado, la agenda laboral había sido presentada como parte de un programa más amplio de desregulación y reducción de costos empresariales. En ese contexto, esperaban que los aportes obligatorios fueran revisados y avanzaran hacia un esquema menos oneroso para las compañías.
La reglamentación finalmente adoptada es interpretada por CADAM como una contradicción con ese objetivo.
La entidad sostuvo que la medida “termina desvirtuando uno de los objetivos centrales planteados originalmente por la reforma laboral”, en referencia al propósito de evitar que las empresas deban afrontar estructuras que incrementen el costo de incorporar trabajadores.
El planteo pone nuevamente en discusión uno de los principales reclamos del empresariado: cuánto cuesta generar un puesto de trabajo formal y qué proporción de ese desembolso llega efectivamente al trabajador.
Cuánto cuesta un trabajador para las empresas
CADAM utilizó sus propios cálculos para dimensionar el impacto de las cargas laborales. Según los datos difundidos por la entidad, por cada $2.128.749,84 destinados por una empresa a un trabajador, el empleado recibe en mano aproximadamente el 65,67%, equivalente a $1.397.943.
El resto corresponde a distintos conceptos asociados al costo laboral.
Para los empresarios, esta estructura constituye uno de los puntos que debería abordar una reforma orientada a favorecer el empleo registrado. La expectativa es que una reducción de las cargas no salariales permita disminuir el costo de contratación y facilite la incorporación de nuevos trabajadores.
Malestar con la agenda de Sturzenegger
El cuestionamiento también alcanza al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuya agenda había generado expectativas positivas en buena parte del sector empresario.
La desilusión surge de la diferencia entre las expectativas generadas por el proceso de desregulación y el contenido de la reglamentación posterior.
El reclamo de CADAM no supone necesariamente un rechazo integral a la reforma laboral. El planteo está concentrado en lo que la entidad considera una inconsistencia entre los objetivos anunciados y las normas finalmente aplicadas.
El nuevo conflicto coloca al Gobierno frente a una situación incómoda: mientras busca presentar la reforma laboral como una herramienta para reducir costos y promover el empleo formal, parte del empresariado advierte que algunas de las reglamentaciones mantienen obligaciones que consideran contrarias a ese objetivo.
La discusión sobre los aportes obligatorios suma así un nuevo capítulo al debate sobre el alcance de la reforma laboral de Javier Milei y sobre hasta dónde llegará la política de desregulación promovida por su Gobierno.
