La Libertad Avanza busca cerrar acuerdos con la UCR, el PRO y bloques provinciales para avanzar con el proyecto. Los espacios dialoguistas reclaman cambios en el texto y condicionan su respaldo a otras iniciativas, como la rebaja de impuestos y el financiamiento de obras y universidades.
El oficialismo nacional acelerará esta semana las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza (LLA) mantiene conversaciones con la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, en una discusión que ya excede el contenido de la ley de gastos e ingresos: los aliados también buscan incorporar otros proyectos a la agenda parlamentaria.
La intención del Gobierno es cerrar los entendimientos en los próximos días, avanzar con la firma del dictamen entre el 17 y el 18 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 25. El cronograma quedó pendiente luego de que el oficialismo postergara la semana pasada la firma del dictamen de mayoría, tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con representantes de la UCR, el PRO y Argentina Federal.
También hay contactos con legisladores de Provincias Unidas, Elijo Catamarca e Independencia. Aunque los planteos de cada espacio tienen particularidades, varios coinciden en reclamar una rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación del tributo no se traduce en el mantenimiento de las rutas nacionales. A eso se suma el pedido de garantizar los fondos destinados a discapacidad.
Los reclamos de los bloques aliados
La negociación incluye demandas que no se limitan a modificaciones presupuestarias. La UCR, por ejemplo, espera que avance el proyecto de incentivo a las inversiones relevantes, aprobado por el Senado y presentado por el senador radical Eduardo Vischi.
En paralelo, los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba —Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora— reclaman que se retome la discusión de la ley de Biocombustibles, que quedó frenada la semana pasada por objeciones de legisladores bonaerenses.
El PRO, por su parte, busca garantías sobre los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, una reducción del IVA para huevos y derivados —del 21% al 10,5%— y mecanismos que aseguren plazos y tarifas para las obras públicas en rutas nacionales. El capítulo de la coparticipación porteña podría resolverse mediante conversaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.
La UCR también reclama eliminar cuatro artículos del proyecto vinculados con el área educativa y mantiene como uno de sus puntos centrales el financiamiento de las universidades nacionales. La propuesta del Ejecutivo contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar esa cifra a $11 billones.
El poroteo para llegar al quórum
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para habilitar el tratamiento del proyecto. Para alcanzar ese número, el oficialismo busca sumar a distintos bloques aliados.
Entre los respaldos que intenta reunir aparecen los de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían en conjunto 22 votos; los nueve integrantes de Argentina Federal; dos de Producción y Trabajo y alrededor de diez representantes de Provincias Unidas.
Con esa base, el Gobierno podría acercarse a los 138 diputados, aunque el número dependerá de cómo se resuelvan los reclamos y de la posición definitiva de cada espacio. La negociación, por lo tanto, no se limita a conseguir acompañamiento para el Presupuesto: también pone en juego la posibilidad de que los bloques dialoguistas obtengan avances en sus propias agendas.
Las proyecciones económicas del Presupuesto 2027
El proyecto enviado por el Ejecutivo prevé gastos consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones. En materia macroeconómica, contempla una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar de $1.847 para diciembre, con un promedio anual estimado en $1.728.
En cuanto a la composición del gasto, el proyecto asigna $150,9 billones a servicios sociales y prevé destinar $18,6 billones al pago de la deuda pública. También proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% y una expansión del consumo público del 0,6%.
Esas previsiones conforman el marco económico que el Gobierno busca sostener, pero el recorrido parlamentario dependerá de las modificaciones que acepte incorporar para reunir los votos. En las próximas semanas, el Presupuesto funcionará así como una prueba de negociación entre la Casa Rosada y los bloques que, sin integrar el oficialismo, pueden resultar determinantes para su aprobación.