El Senado removió al presidente paraguayo por el escándalo del Ueno Bank. Pedro Alliana asumió el Ejecutivo y la Fiscalía ordenó detener a Peña.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido este viernes por el Senado, en el marco de un juicio político vinculado al escándalo financiero del Ueno Bank. La decisión fue adoptada por unanimidad, con 44 votos, y derivó en la asunción del vicepresidente Pedro Alliana como nuevo jefe de Estado.
Tras la resolución parlamentaria, el Ministerio Público paraguayo ordenó la detención de Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de una investigación penal relacionada con la entidad financiera.
Según informó el diario Hoy, la Fiscalía dispuso que Peña cumpla la medida en su domicilio hasta quedar a disposición del Ministerio Público, específicamente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. En tanto, Carvallo deberá permanecer detenido en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.
El caso generó una fuerte conmoción política e institucional en Paraguay y abrió una investigación sobre la supervisión del banco, la presunta colocación de fondos públicos y las responsabilidades de funcionarios estatales.
El juicio político y la salida de Santiago Peña
La destitución se produjo después de que Peña presentara su renuncia el jueves, tras el colapso de la entidad financiera. Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión y resolvió continuar con el procedimiento de juicio político.
Durante la sesión extraordinaria, los senadores escucharon los argumentos de los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, representantes legales del mandatario.
La defensa sostuvo que el proceso era nulo porque Peña ya había presentado su renuncia. También cuestionó el contenido de la acusación y afirmó que el documento incluía recortes periodísticos y publicaciones de audios, elementos que consideró insuficientes para justificar una destitución presidencial.
Los abogados reconstruyeron la historia de Ueno Bank y señalaron que el proceso de transformación de la financiera en banco había comenzado durante el gobierno anterior, dos años antes de que Peña llegara a la Presidencia.
Además, argumentaron que el mandatario no tenía responsabilidades en las decisiones iniciales vinculadas con la entidad.
Peña había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pero el Senado rechazó el pedido. Finalmente, sus representantes legales participaron de la sesión en su nombre.
Las acusaciones por el manejo de fondos públicos
Uno de los principales cuestionamientos durante el debate estuvo relacionado con el presunto direccionamiento de recursos estatales hacia Ueno Bank.
El senador Rafael Filizzola afirmó que la entidad fue creada en un mes, luego de operar como financiera, y denunció que posteriormente recibió fondos públicos provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS), de Itaipú y de otras instituciones del Estado.
Según el legislador, los directivos de la entidad mantenían vínculos con el presidente de la República.
Filizzola calificó el episodio como uno de los mayores escándalos de corrupción desde el retorno de la democracia en Paraguay y advirtió sobre sus consecuencias económicas, sociales e institucionales.
Las acusaciones forman parte de los argumentos expuestos durante el proceso político y deberán ser contrastadas con los resultados de las investigaciones judiciales.
La Fiscalía abrió tres causas penales
En paralelo al juicio político, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales contra Peña Palacios.
También ordenó conformar un equipo de fiscales de las unidades especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción y Delitos Informáticos para avanzar con las investigaciones.
Las actuaciones buscan esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con tres aspectos centrales: la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A., la colocación de fondos públicos en la entidad y las decisiones adoptadas por autoridades de distintas instituciones estatales.
Los fiscales Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco y Silvia González Vester, junto con Ruth Benítez, solicitaron a la Policía Nacional que disponga los procedimientos necesarios para ejecutar las órdenes de detención.
La investigación deberá determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados y establecer el alcance del perjuicio económico denunciado.
La salida de Peña y la asunción de Alliana abren un nuevo escenario político en Paraguay, mientras la investigación sobre Ueno Bank avanza sobre las relaciones entre el sistema financiero, los recursos públicos y las autoridades del Estado.