El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no hay elementos suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció ilícitamente durante su paso por el Gobierno. Por eso, pidió que el expediente pase al fuero Penal Económico para analizar posibles irregularidades tributarias. La decisión ahora está en manos del juez Ariel Lijo.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni podría ingresar en una nueva etapa. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que las pruebas reunidas no permiten sostener que el exjefe de Gabinete haya incurrido en enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario nacional y solicitó que la causa sea trasladada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
El planteo fue presentado en un dictamen en el que la Fiscalía pidió que el expediente deje de tramitar en el fuero criminal y correccional federal. Ahora deberá resolver el juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la investigación.
La conclusión del fiscal no implica un sobreseimiento ni el cierre de las actuaciones. Por el contrario, considera que todavía deben esclarecerse posibles incumplimientos fiscales vinculados con fondos, dólares en efectivo y operaciones con criptomonedas que no habrían sido declarados.
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y puso bajo análisis la evolución patrimonial de Adorni durante su paso por la función pública.
El origen de los fondos, en el centro de la investigación
Uno de los puntos centrales del dictamen es que no pudo determinarse que el incremento patrimonial cuestionado se haya producido durante el ejercicio de un cargo público. Para configurar el delito de enriquecimiento ilícito, debe acreditarse que el aumento injustificado de bienes ocurrió después de la asunción del funcionario.
Frente a los cuestionamientos, la defensa de Adorni atribuyó parte de los fondos a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada al Gobierno. Según esa explicación, operó con ocho direcciones de autocustodia, con una inversión cercana a los 200.000 dólares, que luego habría liquidado por unos USD 591.500.
Las pericias confirmaron que las claves privadas de esas billeteras estaban bajo control de la defensa al momento de los análisis y que las direcciones habían registrado movimientos entre 2014 y 2018. Sin embargo, los especialistas advirtieron que la tecnología blockchain no permite establecer por sí sola quién controlaba esas cuentas en cada momento ni reconstruir todas las operaciones.
Para Pollicita, esas limitaciones impiden confirmar definitivamente la versión de Adorni, pero tampoco permiten descartarla. La Fiscalía tampoco encontró elementos que vincularan los fondos cuestionados con un acto funcional o una fuente ilícita asociada al ejercicio del cargo.
Los gastos observados y las posibles irregularidades fiscales
Durante la investigación se identificaron erogaciones por USD 402.578, de las cuales más de USD 374.000 habrían sido abonadas en efectivo. También se detectó una diferencia de aproximadamente $43 millones entre los ingresos lícitos acreditados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas registrados durante el período analizado.
Entre las operaciones observadas aparecen la compra de un terreno en el country Indio Cuá, reformas en esa propiedad, mobiliario, la escritura de un departamento en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
El fiscal consideró que, aunque esos movimientos no alcanzan para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito, sí justifican profundizar la investigación sobre la situación tributaria del exfuncionario y su entorno.
En ese sentido, pidió que el fuero Penal Económico analice posibles omisiones en las declaraciones de bienes e ingresos y determine si existieron incumplimientos en el pago de impuestos como Ganancias y Bienes Personales.
La resolución de Lijo será determinante para definir el próximo paso de la causa: si acepta el planteo de Pollicita, la investigación continuará en otro fuero y con el foco puesto en una eventual evasión impositiva.