La UTEP convoca a una jornada federal este jueves con cortes y movilizaciones en todo el país. Reclaman la actualización del salario social complementario y sostienen el plan de lucha.
Los movimientos sociales volverán a las calles este jueves 7 de mayo en una jornada nacional de protesta impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), con reclamos por la actualización del salario social complementario. La medida tendrá alcance federal, con movilizaciones en distintas provincias, incluido el interior del país.
Según informaron desde la organización, la convocatoria incluye cortes de accesos y concentraciones en puntos estratégicos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una de las principales acciones será en el Puente Pueyrredón, mientras que en el resto del país se prevén manifestaciones locales con consignas similares.
Reclamo por la actualización del ingreso
El eje central del reclamo es el aumento del salario social complementario, que actualmente se ubica en $78.000. Desde la UTEP sostienen que el monto quedó desactualizado frente al contexto inflacionario y exigen la apertura de una instancia paritaria para el sector.
“Este 7 de mayo fortalecemos el plan de lucha para defender el pago del complemento salarial de más de 900.000 trabajadores de la economía popular y exigir una actualización urgente”, expresó Johana Duarte, secretaria gremial de la organización, en la previa de la jornada.
Contexto del conflicto con el Gobierno
El conflicto se intensificó luego de que el Gobierno nacional dispusiera el 9 de abril pasado la eliminación del aumento previsto para este ingreso. Frente a esa decisión, la UTEP recurrió a la Justicia Federal, que dictó una medida cautelar obligando a mantener el programa “Volver al Trabajo”.
En ese marco, este miércoles se acreditaron los haberes correspondientes al mes de mayo para los beneficiarios. Desde la organización destacaron el pago como resultado de la presión social y la vía judicial, aunque advirtieron que la situación no está resuelta.
“A partir de la presión popular, el Gobierno tuvo que retroceder y cientos de miles de trabajadores cobraron los haberes correspondientes”, señalaron en un comunicado oficial.
Impacto en las economías regionales
Desde la UTEP también alertaron sobre el impacto que tendría la eliminación o el congelamiento del salario social en las economías locales, especialmente en el interior del país.
Según indicaron, la pérdida de ese ingreso podría afectar a cerca de un millón de trabajadores y trabajadoras, con consecuencias directas en el consumo y la actividad en distintas regiones, incluido el sur de Córdoba.
En ese sentido, ratificaron el estado de alerta y movilización, y no descartaron nuevas medidas en caso de no obtener respuestas por parte del Gobierno nacional.