La funcionaria cuestionó recortes y deudas del Gobierno nacional y aseguró que Córdoba “empuja el límite” para sostener prestaciones. Ratificó la asistencia a más de 300 instituciones.
La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, apuntó contra el Gobierno nacional por la situación del sistema de discapacidad y defendió el esquema de asistencia que impulsa la Provincia para sostener instituciones en todo el territorio.
A través de una serie de publicaciones, la funcionaria denunció un “abandono sistemático” en materia de políticas públicas y aseguró que la situación pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales. “Han hecho del abandono sistemático de la discapacidad una forma de exterminio social”, expresó.
En ese marco, enumeró una serie de cuestionamientos a la gestión nacional, entre ellos el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la suspensión de pagos del programa Incluir Salud —que, según indicó, mantiene deudas que “están quebrando a las instituciones” — y recortes en iniciativas como Remediar. También señaló deudas con municipios por el Plan Sumar y vinculó la caída del empleo con la pérdida de cobertura social.
Frente a ese escenario, Montero destacó la respuesta provincial y remarcó que más de 300 organizaciones cordobesas serán alcanzadas por el fondo de emergencia para evitar cierres. “En muchas ciudades del interior, esas instituciones son todo el sistema. Sin esta asistencia, no hay reemplazo. No hay plan B”, sostuvo.
La funcionaria también puso en valor el esfuerzo fiscal de la Provincia para sostener estas políticas. “Somos una de las pocas provincias que aún presenta superávit, pero tenemos muy claro que la prioridad es cuidar a nuestra gente”, afirmó.
En el cierre, advirtió sobre los límites de la intervención provincial ante la falta de financiamiento nacional: “Hay un límite en lo que puede hacer un Estado provincial cuando el Estado nacional abandona su responsabilidad constitucional”.
