La Cámara de Diputados aprobó por 124 votos contra 119 y seis abstenciones la restitución de la Ley de Tierras Rurales, en el marco del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales y sus restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. La votación terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, según informó la agencia Noticias Argentinas.
La iniciativa reunió el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Producción y Trabajo y sectores de Provincias Unidas y Argentina Federal. En rechazo votaron Unión por la Patria, la izquierda y legisladores provinciales, mientras que entre las abstenciones hubo diputados cordobeses y un integrante del PRO, Álvaro González.
El proyecto forma parte de una sesión especial de la Cámara baja que comenzó con el tratamiento de esta iniciativa y prevé continuar con otros temas, entre ellos discapacidad, morosidad de obligaciones alimentarias, vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
Qué establece la restitución de la Ley de Tierras
La iniciativa busca restablecer los límites previstos por la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo con el texto difundido por Noticias Argentinas, esas restricciones fijan un máximo del 30% de titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental.
La normativa también contempla un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, además de restricciones vinculadas con espejos de agua y áreas de frontera. Estas disposiciones apuntan a regular la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El debate se produjo en el marco del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar aspectos del régimen de propiedad privada. La discusión incluyó cambios en la Ley de Expropiaciones y en las normas sobre desalojos, con el objetivo declarado por el oficialismo de reforzar la protección de la propiedad y agilizar la restitución de inmuebles ocupados de manera irregular.
Cruces entre oficialismo y oposición
Durante el debate, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la estrategia del Gobierno respecto de la Ley de Tierras y otras normas que habían sido alcanzadas por el DNU 70/23. Según sostuvo, los intentos de derogación encontraron obstáculos institucionales, judiciales y sociales.
Ferraro también criticó la contradicción que, a su entender, existe entre el discurso oficial sobre la seguridad jurídica y los mecanismos utilizados para modificar leyes vigentes. En ese sentido, defendió la importancia de las normas que protegen los recursos estratégicos del país.
Por su parte, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano cuestionó que el oficialismo impulsara ahora la restitución de una norma que había intentado eliminar. Durante su exposición, utilizó las expresiones «efecto lavarropa» y «efecto centrifugado» para referirse a los cambios de posición del Gobierno y al papel de sus aliados parlamentarios.
La diputada de Unión por la Patria Lucía Cámpora también rechazó el proyecto. Sostuvo que las modificaciones sobre expropiaciones podían limitar la capacidad estatal para recuperar bienes y defendió la recuperación de YPF como antecedente de la intervención pública en sectores estratégicos.
Cómo sigue la sesión en Diputados
El tratamiento de la Ley de Tierras se desarrolló dentro de una extensa sesión legislativa en la que también estaban previstos otros cuatro proyectos. Según la agenda informada, los legisladores continuarían con iniciativas relacionadas con discapacidad, obligaciones alimentarias, vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
La aprobación en general constituye un avance legislativo del proyecto, aunque el material de base no permite confirmar el resultado de una eventual votación en particular ni el estado final de todo el trámite parlamentario.