La víctima fue asesinada en Santa María de Punilla. Su expareja, detenido por el crimen, cumplía una condena condicional por violencia familiar contra la misma mujer.
El femicidio de Rocío Belén Gómez, de 27 años, en Santa María de Punilla, volvió a poner el foco sobre los mecanismos de control judicial para personas condenadas por hechos de violencia de género.
Por el crimen fue detenido Maximiliano Baudraco, de 40 años, expareja de la víctima, quien al momento del hecho cumplía una condena de ejecución condicional por un episodio de violencia familiar cometido contra la propia Rocío Gómez.
La causa que derivó en esa condena se había iniciado tras una denuncia presentada por la madre de la joven.
Qué controles debía cumplir el acusado
La directora del Patronato del Liberado, Patricia Corvalán, explicó que el condenado tenía la obligación de cumplir una serie de medidas impuestas por la Justicia, entre ellas la realización de tratamiento terapéutico por antecedentes de violencia familiar y consumos problemáticos.
Según indicó la funcionaria, durante las primeras etapas del seguimiento el acusado no mostró colaboración con las condiciones establecidas por la condena.
“Desde el Patronato del Liberado supervisamos e informamos los incumplimientos, pero las medidas que se adoptan son decisión exclusiva del Poder Judicial”, señaló Corvalán al referirse al funcionamiento del sistema de control.
El rol del Poder Judicial
Las declaraciones de la titular del organismo se produjeron en medio de los cuestionamientos sobre el seguimiento de personas condenadas por violencia de género que permanecen en libertad bajo condiciones impuestas por la Justicia.
El caso es investigado por las autoridades judiciales, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el femicidio y el cumplimiento de las medidas que pesaban sobre el acusado antes del hecho.
