La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó un fallo contra el Estado argentino en el litigio impulsado por el fondo Titan Consortium, vinculado a la expropiación de la compañía aérea.
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó una sentencia que obliga a la Argentina a pagar más de US$390 millones en el marco del juicio iniciado por el fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La demanda tiene su origen en la decisión adoptada en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de expropiar la aerolínea de bandera y Austral Líneas Aéreas.
La decisión de la Justicia estadounidense
El conflicto había sido resuelto inicialmente en 2017 por un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que condenó al Estado argentino a indemnizar a los entonces accionistas de las compañías.
Tras el rechazo del pedido de anulación presentado por la Argentina, el laudo quedó firme en 2019. Posteriormente, Titan Consortium, que adquirió los derechos económicos derivados de esa resolución, solicitó su reconocimiento y ejecución ante la Justicia de Estados Unidos.
En 2024, un tribunal del Distrito de Columbia reconoció el laudo arbitral y fijó el monto de la condena en US$390.907.115,55, incluyendo intereses calculados hasta diciembre de ese año, además de los intereses posteriores.
La Argentina apeló esa decisión al sostener que el reclamo había prescripto, al considerar aplicable un plazo de tres años. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó el criterio de primera instancia y determinó que el plazo legal correspondiente es de doce años, por lo que mantuvo vigente la condena.
La respuesta del Gobierno nacional
Tras conocerse la resolución, desde la Procuración del Tesoro de la Nación informaron que el Estado analiza las alternativas legales disponibles para intentar reducir el impacto de la sentencia o revertir sus efectos.
En ese sentido, el organismo sostuvo que el litigio se originó a partir de decisiones adoptadas en administraciones anteriores y señaló que el Gobierno evalúa los próximos pasos judiciales frente al fallo de la Justicia estadounidense.
