La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, será el eje de la sesión del jueves. El proyecto transforma en permanente el esquema de prestaciones y beneficios de la emergencia vigente, con modificaciones sobre pensiones, empleo formal y financiamiento del sistema.
El Senado de la Nación buscará sancionar este jueves la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que llega con respaldo de los distintos bloques políticos y que apunta a consolidar de manera permanente el esquema de prestaciones y beneficios establecido por la emergencia vigente. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y tiene el impulso de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
La definición del temario se producirá este miércoles a las 15, durante la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se ordenarán los asuntos que integrarán la anteúltima sesión del año. La agenda podría incluir también la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, ambas aprobadas previamente por Diputados.
Bullrich anticipó la semana pasada su intención de avanzar con la sanción definitiva, pese a que el Gobierno había manifestado reparos sobre la aplicación de la iniciativa y promovido cambios para demorar su implementación.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, afirmó la senadora.
Una emergencia que busca convertirse en permanente
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reproduce prácticamente el esquema de beneficios de la Ley 27.793, aunque elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, busca establecer un marco permanente para las prestaciones y la protección de las personas con discapacidad.
Entre sus principales disposiciones, establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La pensión equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También ratifica un nomenclador único de prestaciones y establece actualizaciones periódicas de los aranceles vinculadas a la movilidad jubilatoria, con referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En materia sanitaria, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad. Además, dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior.
Auditorías y pagos pendientes
La iniciativa incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio de debido proceso inclusivo.
A pedido de los bloques aliados, también se agregó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
La discusión legislativa se desarrollará en una semana marcada por otros asuntos centrales para el oficialismo. El martes, el Senado debatirá en comisión la suspensión de las PASO, mientras que el Gobierno espera que el Presupuesto 2027 obtenga dictamen para llegar al recinto el 25 de noviembre.
En ese contexto, la sanción de la Ley de Discapacidad aparece como uno de los acuerdos parlamentarios que podrían cerrar el período ordinario, con una iniciativa que busca dar continuidad al sistema de prestaciones y beneficios más allá de la emergencia.
