La disolución de la ANLAP durante el gobierno de Javier Milei desarticuló la coordinación de más de 35 laboratorios públicos y profundizó los problemas de financiamiento y producción.
La producción pública de medicamentos atraviesa un proceso de desarticulación desde la llegada del gobierno de Javier Milei, luego de la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). El organismo coordinaba a laboratorios estatales y universitarios de distintas jurisdicciones y tenía entre sus objetivos fortalecer la producción, investigación y desarrollo de medicamentos considerados estratégicos para el sistema sanitario.
El proceso significó el cierre de una etapa de más de dos décadas de construcción de capacidades estatales en un área considerada estratégica. Según el análisis publicado por Agencia TSS, los laboratorios públicos llegaron a conformar una red federal con más de 35 establecimientos dependientes de organismos nacionales, provincias, municipios y universidades.
La ANLAP había sido creada mediante la Ley 27.113, sancionada en 2014, luego de que la Ley 26.688 de 2011 declarara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas, materias primas y productos médicos. La agencia funcionaba como ámbito de coordinación entre los distintos laboratorios y como articuladora entre las capacidades productivas y las necesidades del sistema público de salud.
De la crisis de 2001 a una red federal
El desarrollo de la producción pública tuvo uno de sus principales antecedentes en la crisis económica y sanitaria de 2001. El desabastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud impulsó la creación del programa REMEDIAR en 2002 y la sanción de la Ley 25.649 de medicamentos genéricos.
Cinco años después se constituyó la Red de Laboratorios Públicos de Medicamentos para Producción, Investigación, Desarrollo y Servicios (RELAP), inicialmente integrada por 21 laboratorios. Durante los años siguientes se incorporaron nuevas instituciones y se establecieron herramientas legales para consolidar el sector.
De acuerdo con el artículo de Lautaro Zubeldía Brenner, durante ese proceso los laboratorios públicos alcanzaron una producción cercana a los 370 millones de unidades farmacéuticas y permitieron que alrededor de 6,5 millones de personas recibieran tratamientos elaborados por establecimientos estatales.
El sistema también adquirió capacidades para intervenir frente a situaciones sanitarias específicas. La ANLAP, además de coordinar proyectos, permitió canalizar financiamiento para modernización tecnológica, investigación y desarrollo. Entre las iniciativas se menciona una convocatoria de los Fondos Argentinos Sectoriales (FONARSEC) que destinó unos 5 millones de dólares a proyectos estratégicos de producción pública de medicamentos en 2021.
Laboratorios que enfrentan nuevas dificultades
Uno de los casos señalados es el Laboratorio de Hemoderivados Presidente Illia, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La institución había integrado la red coordinada por ANLAP y recibió financiamiento para distintos proyectos, entre ellos el desarrollo de una gammaglobulina enriquecida con anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2.
Sin embargo, según el material de Agencia TSS, la línea de producción de genéricos inyectables de Fármacos-UNC quedó interrumpida. Esa unidad había llegado a elaborar medicamentos de uso hospitalario como cloruro de sodio, cloruro de potasio, dexametasona, difenhidramina, furosemida y lidocaína, entre otros.
El panorama también alcanza al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio I. Maiztegui, que participa en la producción de Candid-1, la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina. La fabricación de la vacuna había sufrido interrupciones vinculadas con problemas presupuestarios e infraestructura, aunque posteriormente se realizaron inversiones para recuperar la capacidad productiva.
El artículo señala que en septiembre de 2021, luego de tres años de interrupción, se puso en circulación un lote de 7.771 viales. La situación actual, según la investigación, presenta una fuerte reducción en la producción de Candid-1.
Antivenenos y capacidades estratégicas
Otro de los establecimientos mencionados es el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB), dependiente de ANLIS-Malbrán. El instituto recibió inversiones durante 2021 para obras, equipamiento y refuncionalización de distintas áreas vinculadas con la producción de vacunas, toxinas, toxoides y sueros terapéuticos.
Entre sus capacidades se encuentra la elaboración de antivenenos destinados a tratar mordeduras de serpientes, una producción que requiere considerar las características de las especies presentes en distintas regiones del país.
Según el artículo, la falta de habilitación de algunas instalaciones por parte de ANMAT también representa una dificultad para la distribución territorial de estos productos y limita eventuales posibilidades de exportación.
El problema, de acuerdo con el autor, excede la situación particular de cada laboratorio. La disolución de la ANLAP eliminó un espacio institucional que permitía coordinar demandas, capacidades productivas, inversiones y proyectos de investigación entre organismos de distintas jurisdicciones.
Un debate sobre el rol del Estado
La producción pública de medicamentos tuvo diferentes objetivos a lo largo de las últimas dos décadas. Entre ellos estuvieron la provisión de medicamentos esenciales, la atención de enfermedades o productos con mercados reducidos, la regulación indirecta de precios y el desarrollo de capacidades nacionales de investigación, producción e innovación.
El escenario actual dificulta, según el análisis publicado por Agencia TSS, sostener esa estrategia como una política coordinada a nivel nacional. Los laboratorios dependen ahora en mayor medida de las capacidades presupuestarias y administrativas de los organismos de los que forman parte.
El artículo también vincula esta situación con los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia de propiedad intelectual y con la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), iniciativa que al momento de la publicación debía completar su trámite legislativo.
Para Zubeldía Brenner, la discusión sobre el futuro de la producción de medicamentos requiere considerar tanto al sector público como a las empresas nacionales y a las grandes compañías farmacéuticas. En ese sentido, plantea la posibilidad de construir un espacio común de debate entre los laboratorios públicos, las pymes agrupadas en COOPERALA y los grandes laboratorios nucleados en CILFA.
El interrogante de fondo es qué lugar ocupará el Estado argentino en la producción de medicamentos y en el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas vinculadas con la salud. Tras la desaparición de la ANLAP, los laboratorios públicos continúan funcionando, pero lo hacen en un escenario de mayor fragmentación y con desafíos de financiamiento, coordinación e infraestructura.
Fuente: Agencia TSS