La entidad presentó un documento institucional en el que expone problemas estructurales que afectan el funcionamiento de la Justicia. Reclaman mayor presupuesto y medidas urgentes para mejorar la prestación del servicio.
El Consejo Económico y Social de Río Cuarto presentó un diagnóstico sobre la situación del sistema judicial en la ciudad y la región, en el que advirtió sobre una serie de dificultades estructurales que, según señalaron, afectan el acceso de la ciudadanía a una respuesta judicial oportuna y eficaz.
La exposición estuvo encabezada por el presidente del organismo, Sergio Saleme, y la vicepresidenta Antonia Oggero, quienes estuvieron acompañados por representantes de distintas instituciones locales, entre ellos Alberto Fernández, del Colegio de Abogados; Iván Sagadi y Alicia Asencio, del CECIS; y Fernando Lagos, de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
Durante la conferencia de prensa, los integrantes del Consejo señalaron que la infraestructura judicial actual resulta insuficiente para atender la demanda de una región que supera los 311.000 habitantes.
Uno de los datos expuestos indica que las fiscalías penales de la jurisdicción reciben en promedio más de mil causas mensuales, mientras que la estructura operativa prácticamente no se ha modificado en las últimas cuatro décadas.
Además, remarcaron que la capacidad de resolución de expedientes se encuentra muy por debajo del volumen de ingresos, situación que genera demoras y acumulación de causas.
El documento también expone problemas vinculados a la falta de recursos materiales y humanos dentro del sistema judicial.
Entre los principales puntos mencionados figuran la escasez de insumos forenses, la insuficiencia de personal en los Equipos Técnicos y la existencia de vacantes sin cubrir en distintos organismos judiciales.
Según indicaron, estas deficiencias impactan directamente en los tiempos de respuesta de la Justicia, especialmente en fueros donde las sentencias pueden demorar más de dos años.
«Esta realidad golpea directamente al ciudadano que asiste a los tribunales buscando respuestas oportunas», señalaron desde el Consejo.
Pedido de mayor financiamiento para la Justicia
Frente a este escenario, la entidad anunció una convocatoria dirigida a la ciudadanía para respaldar un reclamo formal ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de Córdoba.
El objetivo es solicitar una mayor asignación presupuestaria y la disponibilidad de recursos que permitan revertir lo que definieron como un proceso de desfinanciamiento estructural del sistema judicial.
Desde el Consejo Económico y Social sostuvieron que la problemática trasciende los intereses sectoriales y afecta directamente la calidad institucional de Río Cuarto y la región.
«Corregir estas deficiencias es indispensable para resguardar las garantías constitucionales en nuestra ciudad y región», concluyeron.
