Referentes sociales cuestionan el proyecto del Gobierno nacional y convocan a una movilización en Río Cuarto este miércoles. Advierten que la nueva propuesta es un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad.
El envío al Congreso del proyecto de ley sobre pensiones por discapacidad generó cuestionamientos en distintos sectores sociales. En Río Cuarto, organizaciones y referentes convocaron a una movilización este miércoles 22 de abril a las 11 en la Plaza Central, en el marco de una jornada de protesta a nivel nacional.
La iniciativa, denominada “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, propone cambios en los mecanismos de acceso, control y compatibilidad de las prestaciones, lo que abrió un debate sobre su impacto en el colectivo de personas con discapacidad.
“Se demoniza al colectivo de discapacidad”
En declaraciones a CBAHOY, el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) Río Cuarto, Franco Orsato, cuestionó el enfoque del proyecto y advirtió sobre sus implicancias.
“El proyecto ya desde su nombre tiene una carga muy fuerte. Hay una presunción de irregularidad en el otorgamiento de pensiones, y eso vuelve a poner al colectivo de discapacidad bajo sospecha, como si hubiera que demostrar permanentemente que se tiene derecho a la prestación”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que las medidas planteadas —como auditorías masivas, verificaciones constantes y reempadronamientos obligatorios— podrían transformarse en obstáculos concretos para acceder a derechos. “Se vuelve a insistir en barreras administrativas que afectan especialmente a personas con discapacidad intelectual, a quienes viven en zonas rurales o en contextos de pobreza, que son la gran mayoría de los beneficiarios”, señaló.
Críticas a la incompatibilidad con el trabajo
Otro de los puntos señalados por Orsato es la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal que contempla el proyecto.
“Es una medida regresiva. Contradice el derecho al trabajo en igualdad de condiciones y desalienta la inclusión laboral. Lo que hace es reforzar la dependencia estructural y reproducir la exclusión económica de las personas con discapacidad”, afirmó.
Cambios en prestaciones y cobertura
El referente también advirtió sobre modificaciones en el sistema de prestaciones de salud. “Se abandona la idea de universalidad y se pasa a un esquema condicionado a la disponibilidad presupuestaria. Eso implica que ya no se garantizan derechos de manera igualitaria, sino que quedan sujetos a lo que cada obra social pueda cubrir”, explicó.
Además, remarcó que el proyecto habilita un esquema fragmentado en los valores de prestaciones: “Se rompe con el arancel único nacional y se abre la puerta a que cada provincia, obra social o sistema establezca sus propios valores, lo que aumenta las desigualdades”.
“Responde a lineamientos del FMI”
Orsato también vinculó la iniciativa con el contexto económico nacional. “No llama la atención que este tipo de medidas aparezcan en este momento. Forman parte de lineamientos más amplios que apuntan a reducir el gasto en áreas sensibles como la seguridad social”, expresó.
Y agregó: “Hay una relación directa con las directivas del Fondo Monetario Internacional y con decisiones del Ministerio de Economía que impactan sobre pensiones, jubilaciones y prestaciones”.
Movilización en Río Cuarto y a nivel nacional
Frente a este escenario, Orsato confirmó la convocatoria a una movilización en la ciudad. “Este miércoles 22 a las 11 vamos a concentrar en la Plaza Central de Río Cuarto. Es una convocatoria que se está replicando en todo el país, porque se trata de un tema muy reciente y necesitamos informar y visibilizar lo que está pasando”, indicó.
“El objetivo es alertar que nuevamente se avanza sobre los derechos del colectivo de discapacidad. Es un proyecto que consideramos regresivo y que afecta directamente a una población que ya se encuentra en situación de vulnerabilidad”, agregó.
Debate abierto en el Congreso
El proyecto ingresará en los próximos días al Congreso de la Nación, donde comenzará su tratamiento legislativo. En ese marco, distintos sectores anticipan que el debate estará atravesado por cuestionamientos vinculados al acceso a derechos, el sistema de seguridad social y el impacto de las medidas en los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, organizaciones sociales y espacios territoriales continúan impulsando acciones para instalar el tema en la agenda pública y seguir de cerca su evolución en el ámbito legislativo.
