El proceso contra Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles arranca este martes en la Legislatura de Córdoba. Se investigan presuntas irregularidades en la causa por el crimen ocurrido en 2006.
Este martes 21 de abril comenzará en la Legislatura Unicameral de Córdoba el jury contra los fiscales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles, acusados de presunto mal desempeño y negligencia en la investigación del asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto.
El proceso se iniciará a las 8.30 horas y se desarrollará en un clima de fuerte expectativa y hermetismo, especialmente en torno a las declaraciones de los hijos de la víctima, Facundo y Valentina Macarrón, y del viudo, Marcelo Macarrón, quien fue procesado y luego sobreseído en 2022.
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Durante las audiencias, que se extenderán entre el 21 y el 27 de abril, está prevista la comparecencia de 37 testigos. Finalizada esta etapa, el tribunal deberá avanzar con los alegatos, la deliberación y finalmente la sentencia, que definirá si los fiscales serán destituidos o continuarán en sus cargos. El plazo legal para conocer el veredicto vence el 28 de mayo.
Desde la acusación sostienen que los fiscales orientaron la investigación hacia la familia de la víctima sin considerar de manera adecuada otras pruebas, lo que derivó en el paso del tiempo y la prescripción de la causa en algunos tramos clave.
El caso tuvo un giro en 2024, cuando se confirmó que el ADN hallado en el cinto de la bata de la víctima y en su cuerpo correspondía a Roberto Bárzola, un trabajador que había realizado tareas en la vivienda al momento del crimen.
En cuanto a los roles de los fiscales, Di Santo estuvo al frente de la causa entre 2007 y 2015, período en el que ordenó la detención de Gastón Zárate, conocido como “El Perejil”, y de Facundo Macarrón. Por su parte, Miralles (2016-2017) investigó la hipótesis de un crimen por encargo, mientras que Pizarro (2017-2019) centró sus sospechas en el viudo.
En paralelo, el fiscal Pablo Jávega avanzó en diciembre de 2025 con el pedido de elevación a juicio contra Bárzola por el delito de abuso sexual seguido de muerte. “No es una resistencia, sino que se debe tener en cuenta que la decisión está bajo revisión”, explicó en ese momento sobre el estado del expediente.
Desde la defensa de Pizarro, el abogado Carlos Pajtman aseguró que el eje estará puesto en demostrar la legalidad de las actuaciones. “La estrategia va a ser la verdad”, afirmó, y agregó: “No es el resultado exactamente lo que se juzga, sino si se ha trabajado acorde a derecho”.
El jury se presenta como una instancia clave en una de las causas judiciales más resonantes de la provincia, con impacto tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública, a casi dos décadas del crimen.