Abogados laboralistas cuestionan el proyecto en debate en el Senado y sostienen que, de aprobarse, los trabajadores despedidos cobrarían montos menores que en la actualidad.
Especialistas en derecho laboral alertaron sobre los alcances del proyecto de reforma laboral que se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación Argentina y advirtieron que podría implicar una reducción en las indemnizaciones por despido.
Según plantean, uno de los puntos centrales es la modificación en la base de cálculo de las indemnizaciones, ya que el texto en discusión excluiría conceptos que no tienen carácter mensual, como el aguinaldo u otros adicionales que se liquidan de manera trimestral o semestral. De ese modo, sostienen, el monto final que percibiría un trabajador despedido sería inferior al que correspondería con la normativa vigente.
Los abogados también rechazan la interpretación de que los empleados ya tendrían “derechos adquiridos” en relación con el régimen actual. Explican que el derecho a la indemnización nace en el momento del despido y no al inicio de la relación laboral, por lo que cualquier cambio legislativo impactaría sobre todos los trabajadores en actividad, independientemente de su antigüedad.
El debate por el Fondo de Asistencia Laboral
Otro eje de cuestionamientos es la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que intervendría en el financiamiento de determinadas desvinculaciones. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y sectores vinculados a la defensa de los trabajadores advierten que el mecanismo podría trasladar al sistema de seguridad social parte del costo de despidos que, según la tradición jurídica argentina, debería afrontar el empleador.
En ese sentido, recuerdan que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la protección contra el despido arbitrario, lo que históricamente se interpretó como la obligación de imponer una compensación económica a cargo del empleador para desalentar desvinculaciones sin causa.
Algunos especialistas admiten que podría analizarse un esquema específico para situaciones de crisis económicas o cambios tecnológicos, pero cuestionan que el fondo se utilice de manera más amplia. Según su mirada, ello podría debilitar el carácter sancionatorio de la indemnización y modificar el equilibrio actual del sistema laboral.
El proyecto forma parte de la agenda impulsada por el Gobierno nacional y podría ser votado en los próximos días en la Cámara alta, en medio de un debate que también anticipa eventuales planteos judiciales por parte de sectores sindicales.
