Graduados de la casa de altos estudios lo dejaron expresado por medio de un documento que ingresó ayer a la sesión ordinaria del cuerpo colegiado universitario.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto adhirió a un documento por el cual graduados de esta casa de estudios expresaron “preocupación” por la “situación que viven los prestadores de salud que trabajan con personas en situación de discapacidad”.
Fue en respuesta a un pedido efectuado por el consejero superior Bruno Criao, en representación de los Graduados del Bicentenario, quien compartió su posicionamiento con Mariana Gianotti, directora Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, el cual contiene las carreras de Psicopedagogía y Educación Especial; y Luciana Jouli, de UEDES -Unión de Educadores Especiales-.
En una nota que ingresó al cuerpo colegiado para su consideración, denunciaron que “desde hace ya varias semanas tanto las/os profesionales que trabajan con personas en situación de discapacidad como las personas en situación de discapacidad viven situaciones donde sus derechos están siendo vulnerados”, tras lo cual solicitaron al máximo órgano de conducción de la Universidad que adhiera al documento titulado “Prestadores de discapacidad en Emergencia”.
Ese texto expone que durante los meses de agosto y septiembre los prestadores de salud que trabajan con personas en situación de discapacidad salieron nuevamente a las calles para decir “basta” a la “situación de precariedad laboral” que durante años se viene «naturalizando».
Sostiene el documento: “Los índices inflacionarios y el costo elevado de vida no dan margen para continuar en esta situación. Por tanto, quienes trabajamos con personas en situación de discapacidad nos vemos obligados a parar nuestro trabajo y movilizarnos”.
Enfatiza el escrito: “Nuestras condiciones laborales evidencian una real precarización”, entre las cuales remarca el retraso en el pago de sus trabajos por parte de las obras sociales, mutuales y prepagas, por percibir los honorarios tres meses después de haber iniciado las prestaciones de educación y/o salud.
Agrega: “Al trabajar en condición de monotributo no contamos con derechos laborales como vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por salud y maternidad, ni tampoco contamos con la posibilidad de discutir nuestros honorarios en instancias paritarias. Familias, profesionales y personas en situación de discapacidad nos preguntamos ¿Dónde están nuestros honorarios? ¿Por qué no recibimos en tiempo y forma el pago de nuestro trabajo? No elegimos ser trabajadores precarizados y exigimos que nuestras condiciones laborales cambien en virtud de mantener condiciones de trabajo digno y derechos hacia las personas en situación de discapacidad”.
Se sumó un pedido de la Facultad de Ciencias Humana para la conformación de una comisión ad hoc la para la elaboración de un pronunciamiento conjunto, lo cual fue aprobado por el Consejo Superior. Participarán se ese grupo redactor la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad, el Observatorio de Derechos Humanos, miembros de Educación Especial y representantes de los graduados.
Exigencias
Ante esta situación, los graduados exigieron a través de este documento que “el organismo responsable de la regularización de los pagos atrasados responda positivamente cancelando la deuda a los prestadores; aumento y actualización de los montos estipulados por el ‘Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad’, en función de la inflación actual, y su modificación de prestaciones en función de las necesidades de las personas en situación de discapacidad desde el modelo social; pago a término y a mes vencido de nuestro trabajo; garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad, y sanción de una nueva Ley de Discapacidad, atravesada por una mirada integral y que modifique la ley vigente, Ley 22.431, sancionada en 1981”.
En este sentido, también consideraron “necesario discutir, como plan a mediano y largo plazo, la modificación del Sistema de Salud Nacional dividido en público, privado y el de las obras sociales”.
“El problema del atraso en el pago de nuestros honorarios es un problema histórico y, por este motivo, es necesario discutir el sistema de salud con la participación de todos sus actores para que no sea vulnerado el derecho a la salud de toda la población en general y de las personas en situación de discapacidad en particular”, puntualiza el documento. Por ello, reclama “un sistema de salud integrado a través del cual se planifiquen, gestionen y ejecuten políticas públicas acordes a las necesidades de la comunidad, en el cual todas las obras sociales, mutuales y prepagas sean reguladas por el mismo y no se puedan establecer protocolos propios o particulares que fomenten la precarización laboral de los trabajadores”.
Continúa: “Para esto, consideramos fundamental generar redes de organización y acción, por lo que hacemos entrega de este documento a los diferentes organismos de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba y Nación, a fin de que nuestro reclamo llegue a todas las áreas correspondientes, con el objetivo de que nuestra demanda sea escuchada y se vehiculice en transformaciones genuinas que garanticen los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad y mejoren nuestras condiciones de trabajo”.
Finalmente, los graduados afirman que “las personas en situación de discapacidad tienen el derecho a una vida digna, tienen derecho a elegir cómo y con qué apoyos desarrollar sus actividades. Para que esto se cumpla, en muchos casos, es necesario que haya profesionales que acompañen, tanto su derecho a la salud, como su derecho a la educación, a la recreación, al trabajo, y estos profesionales alzamos a viva voz nuestros derechos como trabajadores: Basta de precarización laboral”.
