Un relevamiento que circula entre gobernadores advierte que el sistema logístico argentino no está preparado para absorber el crecimiento proyectado del transporte de cargas. El deterioro de rutas, ferrocarriles y accesos a puertos aparece como uno de los principales desafíos.
Un informe que comenzó a circular entre gobernadores de distintas provincias encendió una señal de alerta sobre la capacidad de la infraestructura logística argentina para acompañar el crecimiento de sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el agro.
El relevamiento sostiene que el sistema de transporte deberá pasar de movilizar unas 128 millones de toneladas anuales a casi 194 millones hacia 2035, impulsado por la expansión de la producción de hidrocarburos, litio, cobre y productos agropecuarios. Sin embargo, advierte que el estado actual de rutas, ferrocarriles, puertos y pasos fronterizos representa un cuello de botella para ese desarrollo.
Entre los principales problemas identificados figuran el deterioro de los corredores viales, la saturación de los accesos a puertos, la escasa utilización del transporte ferroviario, las demoras en pasos internacionales y la falta de definiciones sobre obras estratégicas como la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En el caso de Vaca Muerta, el documento proyecta un fuerte incremento de la demanda logística. Solo el abastecimiento de arena para la actividad petrolera requerirá el movimiento de unas 4,5 millones de toneladas por año, equivalentes a cerca de 140.000 camiones anuales, mientras continúa pendiente una conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Neuquén que permita aliviar la presión sobre las rutas.
El informe también menciona corredores nacionales con severo deterioro, entre ellos las rutas 22 y 151 en Río Negro, la Ruta 34 en el norte del país, la Ruta 52 hacia el Paso de Jama, los accesos a los puertos santafesinos y distintos tramos de las rutas 3, 5 y 7. Incluso señala obras inconclusas desde la década de 1990, como sectores de la Ruta Nacional 23 en la Patagonia.
En ese contexto, varias provincias mantienen negociaciones con el Gobierno nacional para asumir la administración de rutas nacionales y avanzar con obras de mantenimiento y concesiones mediante peajes, ante la decisión de la Nación de no ejecutar nuevos proyectos de infraestructura vial.
El estudio también pone el foco en el impacto económico del deterioro de la red vial. Según sus estimaciones, reconstruir una ruta puede costar hasta diez veces más que realizar un mantenimiento preventivo, por lo que advierte que postergar inversiones podría comprometer la competitividad de los sectores llamados a generar la mayor parte de las divisas del país durante la próxima década.
