Los presidentes de los tres circuitos de la UCR Río Cuarto presentaron una nota al defensor del Pueblo para pedirle que interceda ante el Municipio por los últimos aumentos en los tributos.
Este miércoles, las autoridades de la UCR local (Marcos Curletto, presidente del Circuito Centro; Martín Carranza, presidente del Circuito Banda Norte; y Rita Farías, presidenta del Circuito Alberdi) presentaron una nota al defensor del Pueblo para requerir que interceda ante el Municipio por los últimos aumentos en los tributos municipales. «Nos dirigimos respetuosamente a esta Defensoría con el objetivo de plantear nuestra preocupación de manera formal en representación de los vecinos y contribuyentes de la ciudad, quienes hemos sido gravemente afectados por el aumento desmedido e injustificado de las tasas municipales dispuesto por el Ejecutivo local para el período 2025», manifiestan en el escrito.
«Conforme a la información recabada y a los numerosos reclamos recibidos de vecinos de
distintos sectores, los incrementos aplicados en determinadas tasas alcanzan en algunos casos
un 800% en comparación con las mismas tasas correspondientes al año 2024. Estos aumentos
resultan desproporcionados y ponen en riesgo la capacidad de cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de los ciudadanos, afectando especialmente a aquellos con menores
ingresos y pequeñas actividades económicas», reza otro apartado de la nota presentada en la Defensoría.
Las autoridades de la UCR local aseguraron que el principio de razonabilidad y proporcionalidad en la carga tributaria es una garantía consagrada tanto en la Constitución Nacional como en la legislación provincial y municipal. «No obstante, el aumento en cuestión genera una clara vulneración de estos principios al imponer cargas que exceden la capacidad contributiva de los vecinos, desnaturalizando la finalidad legítima del tributo y acercándose a un carácter confiscatorio», plantearon y resaltaron que resulta preocupante que el incremento no haya estado acompañado de un mecanismo de consulta pública adecuado ni de una justificación suficiente sobre el destino de los fondos recaudados».
«Este tipo de medidas, además de generar un impacto negativo en la
economía de los ciudadanos, socavan la confianza en las instituciones públicas y fomentan un
creciente malestar social», consideraron desde la UCR.
A partir de las facultades que tiene la Defensoría del Pueblo, las autoridades del partido centenario instaron a que el organismo «intervenga con el propósito de investigar y analizar la
razonabilidad de los aumentos aplicados, teniendo en cuenta los principios de equidad y
proporcionalidad. Que se promueva una instancia de diálogo institucional entre el gobierno municipal, los representantes de la sociedad civil y las fuerzas políticas de la ciudad para buscar una solución
consensuada y equitativa y que, de ser necesario, la Defensoría presente recomendaciones formales al Ejecutivo municipal para que revise y, en su caso, rectifique los aumentos aplicados, contemplando la
situación económica de los vecinos y contribuyentes».
