La legisladora Karina Bruno presentó un proyecto para solicitar el apartamiento preventivo de Marcos Carasso del Tribunal de Cuentas. La medida surge tras su imputación en la causa que investiga una presunta defraudación millonaria al PAMI.
La legisladora provincial Karina Bruno, integrante del bloque Córdoba, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura para solicitar el apartamiento preventivo de Marcos Carasso de su cargo en el Tribunal de Cuentas de Córdoba. El pedido se produjo luego de que trascendiera la imputación del funcionario en la causa que investiga una presunta defraudación contra el PAMI por más de 1.400 millones de pesos.
En declaraciones a Ahora Noticias, por Canal 10, Bruno sostuvo que la situación reviste una gravedad institucional debido al rol que desempeña Carasso dentro del organismo de control provincial.
“Es un funcionario de alto rango de nada menos que el órgano máximo de control de la provincia. Mínimamente no puede estar hoy cumpliendo funciones hasta que la causa judicial avance y se esclarezca la situación”, afirmó la legisladora.
Causa PAMI: el pedido de apartamiento preventivo
La investigación judicial apunta a presuntas maniobras de sobrefacturación a través de una empresa denominada Ethical, que estaría vinculada al entorno personal o familiar de Carasso. Según los datos difundidos hasta el momento, el perjuicio económico superaría los 1.400 millones de pesos.
Bruno aclaró que la iniciativa presentada no implica un juicio sobre la responsabilidad penal del funcionario ni solicita su remoción definitiva, sino un apartamiento preventivo mientras avanza la causa judicial.
“Tengo una clara diferencia con otros sectores que ante la primera situación se ponen en la tribuna de la moralidad y la ética, juzgan y anticipan criterios. Yo no soy quién para decir si es o no responsable, no tengo los elementos”, expresó.
Allanamientos en el Tribunal de Cuentas
Uno de los aspectos que generó mayor repercusión política fue que las medidas ordenadas por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, incluyeron procedimientos en dependencias del propio Tribunal de Cuentas.
La legisladora señaló que aún existen interrogantes sobre el alcance de esas actuaciones judiciales y reclamó mayor información oficial sobre los motivos que llevaron a allanar oficinas del organismo provincial.
“Es lo que ha trascendido y hay una falta de comunicaciones oficiales, de información clara y precisa. ¿Por qué una oficina pública fue allanada? Eso también debe esclarecerse”, sostuvo.
Según pudo saber CBAHOY, Bruno indicó además que aguardó una definición institucional o una decisión voluntaria del propio funcionario antes de impulsar el proyecto legislativo.
La preocupación por los fondos destinados a jubilados
La legisladora también vinculó la investigación con la situación que atraviesa la obra social de los jubilados, al considerar que los fondos bajo investigación estaban destinados a garantizar prestaciones para los afiliados.
“Estamos hablando de fondos que deberían ir a cubrir el correcto funcionamiento del PAMI en un momento donde nuestros jubilados están siendo castigados”, manifestó.
En ese contexto, recordó los reclamos realizados por profesionales médicos, farmacias y distintos municipios de la provincia en relación con el funcionamiento de la obra social.
Bruno concluyó que la imputación judicial y los allanamientos justifican una medida preventiva mientras la Justicia avanza con la investigación.
“Pero si está imputado y su lugar de trabajo fue allanado, ser un funcionario de alto rango no te da prerrogativas para trabajar libremente por la justicia; merece un apartamiento”, concluyó.
