El fallo de la Corte Suprema que obliga al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario generó malestar en el oficialismo. En el Gobierno cuestionan la estrategia judicial y advierten sobre el impacto fiscal que tendría la medida.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario provocó preocupación dentro del Gobierno nacional, donde comenzaron a evaluar el impacto económico de la decisión y surgieron cuestionamientos internos sobre la estrategia judicial desplegada para intentar frenar la norma.
Según trascendió desde la Casa Rosada, el principal problema radica en el costo fiscal que implicaría cumplir con la actualización de los fondos destinados a las universidades nacionales. Estimaciones oficiales calculan que la medida demandaría alrededor de 1,3 billones de pesos, un monto que el Ministerio de Economía sostiene que no está contemplado en el presupuesto vigente.
En el entorno del ministro de Economía, Luis Caputo, ya habían advertido que el Estado no disponía de partidas suficientes para afrontar esa obligación. Tras el fallo, el Ejecutivo comenzó a recalcular el impacto que tendrá la resolución sobre las cuentas públicas.
La decisión judicial representa un nuevo desafío para la administración de Javier Milei, que mantiene como uno de sus principales objetivos el equilibrio fiscal.
Críticas internas por la estrategia judicial
Además del efecto económico, la resolución abrió un frente de debate dentro del oficialismo. Según fuentes del Gobierno, algunos dirigentes cuestionan la estrategia impulsada por los equipos jurídicos y parlamentarios, que confiaban en que la Corte Suprema resolvería a favor del Ejecutivo.
En paralelo, sectores de La Libertad Avanza sostienen que el Ministerio de Capital Humano mantenía conversaciones con rectores universitarios para avanzar en un nuevo proyecto de financiamiento, compatible con los objetivos fiscales del Gobierno. Sin embargo, esa iniciativa no logró avanzar en el Congreso.
La expectativa oficial era que el máximo tribunal otorgara margen para continuar con esas negociaciones, escenario que finalmente no se concretó.
Qué resolvió la Corte Suprema
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó el planteo presentado por el Estado al considerar que estaba dirigido contra una medida cautelar y, por lo tanto, no constituía una sentencia definitiva susceptible de revisión.
De esta manera, el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario ni sobre el Decreto 759/25, sino que resolvió únicamente una cuestión procesal, dejando vigente la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la normativa mientras continúa el trámite judicial.
