El alineamiento del Gobierno con el FMI y Estados Unidos refuerza un modelo económico regresivo, con más endeudamiento, condicionamientos y reformas estructurales que amenazan a la industria nacional y al tejido productivo argentino.
OPINIÓN
CARLOS HELLER
DIRIGENTE COOPERATIVISTA
El acatamiento, en exceso, del Gobierno nacional a las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con el respaldo del principal socio del organismo, mediante la reciente visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, son señales contundentes del regresivo encuadre socioeconómico presente y de la hoja de ruta que se pretende impulsar en el corto y mediano plazo.
El propio presidente Javier Milei definió el cuadro al comentar el encuentro con el funcionario norteamericano: «Los semejantes tienen que trabajar juntos, tanto para prosperar como para protegerse mutuamente, por eso la Argentina tiene la intención de ser un aliado firme de los Estados Unidos en la región».
Resulta cuestionable esa afirmación, en medio de la arremetida arancelaria global dispuesta por la Casa Blanca, al igual que la idea de que un tratado de libre comercio con Estados Unidos (EE.UU.) beneficiaría por igual a ambos países.
La argentina es una economía en desarrollo que necesita, entre otras cosas, un Estado que administre el comercio internacional para proteger y desarrollar la industria nacional, en particular el sector pyme.
Mientras, la forma más beneficiosa de vincularnos al mundo debería ser fortaleciendo el Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y otros acuerdos regionales, de modo de tener mayor poder de negociación.
Más allá de la polémica calificación de «semejantes», lo cierto es que el apoyo de EE.UU. y el aval del FMI al rumbo emprendido no garantizan mejoras reales para la mayor parte de las empresas y de la población nacional. Todo lo contrario: casi siete décadas de permanencia de la Argentina en el Fondo y decenas de acuerdos previos (con endeudamiento creciente) no dejan demasiado margen para el optimismo.
Por eso insistimos en que no hay razones para festejar. Menos aún cuando el trámite seguido para conseguir financiamiento volvió a incumplir leyes vigentes, al solicitar mediante un decreto de necesidad y urgencia la aprobación del Congreso (meta lograda) para las operaciones de crédito público.
Los 20.000 millones de dólares comprometidos por el FMI se suman al megacrédito otorgado en 2018, el mayor de la historia para el país y para el organismo y, como siempre, el préstamo viene atado a mayores condicionamientos y costos financieros.
Como ya se difundió, los recursos que empezaron a llegar esta semana tienen como contracara la promesa de los funcionarios locales de avanzar en la flexibilización laboral, la reforma jubilatoria, privatizaciones de empresas públicas y una profundización de la apertura importadora.
Esos planes se contemplan para después de las próximas elecciones, suponiendo que las urnas mostrarán el éxito del camino libertario.
El Gobierno y el FMI acordaron, además, un impulso a las inversiones en minería y energía, lo cual, junto con los grandes agronegocios, tiende a consolidar un modelo de economía dependiente del sector primario.
Adicionalmente, y para mayor estímulo al arribo de divisas, el Banco Central dio luz verde a inversores extranjeros que ingresen dólares, los cambien por pesos y mantengan sus colocaciones por seis meses. Luego podrán hacerse nuevamente de dólares para remitirlos al exterior, es decir, tendrán una garantía para hacer «carry trade» hasta octubre.
Entretanto, dada la incertidumbre ligada a la flotación del tipo de cambio, habrá que esperar para ver si los exportadores liquidarán divisas a los actuales valores exhibidos por la moneda estadounidense.
De momento, para favorecer esa liquidación, quedó confirmado que a fin de junio finalizaría la reducción a las retenciones dispuesta meses atrás.
Fuente: Revista Acción
