La Cámara alta dio luz verde al acuerdo impulsado por el Gobierno nacional para cancelar litigios con dos holdouts por 171 millones de dólares. La iniciativa obtuvo 40 votos a favor y 22 en contra, y ahora deberá ser tratada en Diputados antes del 30 de junio.
El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto que autoriza al Gobierno de Javier Milei a avanzar con un acuerdo de pago a dos fondos buitre por un total de 171 millones de dólares. La iniciativa recibió 40 votos positivos y 22 negativos, y continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde deberá convertirse en ley antes del 30 de junio para cumplir con los plazos fijados en la Justicia de Estados Unidos.
El entendimiento alcanzado por el Estado argentino contempla el cierre de litigios con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP., considerados entre los últimos holdouts que mantuvieron reclamos activos tras el default de 2001 y que no ingresaron a los canjes de deuda realizados en los años posteriores.
Según lo acordado, Argentina abonará 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones de dólares al grupo encabezado por Attestor, lo que representa una quita cercana al 30% respecto de los montos originalmente reclamados.
Qué implica el acuerdo con los holdouts
Desde el oficialismo sostuvieron que la aprobación legislativa permitirá poner fin a dos de los principales litigios internacionales que aún enfrentaba el país. Además, destacaron que los acreedores se comprometieron a no iniciar nuevas acciones judiciales ni interferir en futuras operaciones financieras argentinas.
Otro de los puntos centrales del acuerdo es el levantamiento de medidas de embargo que pesaban sobre activos soberanos argentinos en tribunales estadounidenses, incluyendo acciones de empresas estratégicas como Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Durante el debate, el miembro informante del oficialismo defendió la iniciativa al considerar que permitirá mejorar la posición internacional del país y resolver conflictos judiciales que llevan más de tres décadas.
La oposición cuestionó el proyecto
Desde el bloque Justicialista se manifestaron en contra de la propuesta y argumentaron que este tipo de acuerdos terminan beneficiando a los fondos especulativos que quedaron fuera de las reestructuraciones de deuda.
Los senadores opositores también plantearon dudas sobre la documentación presentada, los términos de la quita negociada y las implicancias jurídicas del acuerdo en relación con los principios internacionales sobre reestructuración de deuda soberana promovidos por Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas.
Pese a esos cuestionamientos, el proyecto consiguió una mayoría holgada en la Cámara alta y avanzó al siguiente paso legislativo.
El plazo que enfrenta el Gobierno
La aprobación en Diputados se volvió clave para el Ejecutivo nacional. La Justicia de Estados Unidos había fijado inicialmente el 30 de abril como fecha límite para la validación del acuerdo, aunque posteriormente concedió una prórroga hasta el 30 de junio.
El mecanismo de pago previsto será bajo el sistema internacional denominado Entrega contra Pago (DVP), que garantiza que la transferencia de fondos y la cancelación de los títulos se realicen de manera simultánea. Además, el acuerdo establece que los costos legales derivados de los litigios serán afrontados por los propios acreedores.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el Gobierno busca cerrar uno de los últimos capítulos judiciales vinculados al default de 2001 y avanzar en su estrategia de normalización financiera ante los mercados internacionales.