La Ley Antibúnker fue promulgada por el gobernador Martín Llaryora y establece un nuevo régimen para intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas, además de destinar bienes decomisados al combate contra el narcotráfico.
El gobernador Martín Llaryora promulgó este miércoles la Ley Provincial 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que establece un nuevo marco legal para intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono y deterioro, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad. De esta manera, habilita la identificación, intervención, resguardo y recuperación de inmuebles que funcionen como búnkeres, aguantaderos o guaridas del delito.
Además, contempla la posibilidad de actuar sobre inmuebles abandonados o deteriorados cuando su estado implique un riesgo cierto para la comunidad. Sin embargo, aclara expresamente que la falta de uso de una propiedad, por sí sola, no constituye un motivo suficiente para la intervención estatal.
Medidas para impedir el uso de inmuebles con fines delictivos
La Ley Antibúnker prevé un procedimiento administrativo con medidas preventivas destinadas a impedir que estos espacios continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.
Entre las acciones previstas se encuentran el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia preventiva y otras intervenciones orientadas a neutralizar los riesgos asociados a estos inmuebles.
Estas medidas tendrán carácter preventivo, temporal y proporcional. El plazo inicial de intervención será de hasta seis meses, con posibilidad de prórroga si persisten las condiciones que motivaron la actuación del Estado.
La norma también establece los casos que deberán resolverse por la vía judicial, como aquellos en los que exista ocupación efectiva del inmueble, conflictos sobre derechos de posesión o cuando resulte necesario adoptar medidas que excedan el alcance del procedimiento administrativo.
Cambios para fortalecer la lucha contra el narcotráfico
La legislación incorpora modificaciones a la Ley Provincial 10.067, que regula la lucha contra el narcomenudeo en Córdoba.
A partir de estos cambios, el fiscal especializado podrá solicitar al juez medidas destinadas a hacer cesar el funcionamiento de un búnker, entre ellas la clausura del inmueble, su aseguramiento, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita y, como medida excepcional, la remoción, inutilización o demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para el narcotráfico.
Estas decisiones deberán ser adoptadas mediante resolución judicial fundada y respetando las garantías del debido proceso.
Nuevos organismos y destino de los bienes decomisados
La Ley Antibúnker también crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que coordinarán acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales.
En cuanto al destino de los bienes recuperados en causas vinculadas al narcotráfico, la ley establece que el dinero obtenido por su venta tendrá una afectación específica.
El 60% será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.
Asimismo, los vehículos y otros bienes decomisados podrán ser asignados judicialmente a la FPA y al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para su utilización en tareas operativas.
