El presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno trabaja en un mecanismo inspirado en el cierre parcial de la administración de Estados Unidos. La iniciativa buscará impedir que los organismos públicos continúen gastando una vez agotado su presupuesto.
El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno nacional avanza en el diseño de un mecanismo de «shutdown» para el Poder Ejecutivo, una herramienta inspirada en el sistema que funciona en Estados Unidos y que apunta a restringir el gasto público cuando un organismo consume la totalidad de los recursos asignados.
La propuesta forma parte del paquete de reformas económicas e institucionales que impulsa la Casa Rosada y se analiza en paralelo con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos vinculados a la desregulación económica.
«Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado», expresó el mandatario al anticipar el alcance general de la iniciativa.
Cómo funcionaría el «shutdown» argentino
A diferencia del modelo estadounidense, donde el cierre parcial del Gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto para el nuevo año fiscal, la versión que analiza el Ejecutivo tendría como disparador el agotamiento de las partidas presupuestarias.
En ese escenario, los organismos que consuman la totalidad de los fondos asignados no podrían asumir nuevos compromisos de gasto hasta contar con recursos disponibles.
El Gobierno aún no presentó el proyecto, por lo que restan definiciones sobre qué áreas quedarían alcanzadas por la medida y cuáles serían consideradas esenciales.
Qué gastos podrían verse afectados
Entre los rubros que podrían quedar sujetos a restricciones aparecen:
- Nuevas contrataciones.
- Gastos administrativos.
- Campañas oficiales.
- Viajes y eventos.
- Compras no urgentes.
- Programas considerados no esenciales.
En cambio, servicios como salud, seguridad, justicia, jubilaciones y otras prestaciones básicas aparecen como los principales candidatos a quedar exceptuados para garantizar el funcionamiento del Estado.
Otro de los aspectos pendientes es definir si el límite presupuestario se aplicará por ministerio, jurisdicción, programa o partida específica, además de establecer qué organismo tendrá la facultad de activar el mecanismo.
El modelo que toma como referencia Estados Unidos
En Estados Unidos, un shutdown ocurre cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de financiamiento necesarias para mantener en funcionamiento a las agencias federales.
Durante esos períodos se suspenden actividades consideradas no esenciales, mientras que los servicios críticos continúan operando. En el cierre administrativo registrado en 2025, cientos de miles de empleados públicos fueron licenciados temporalmente sin goce inmediato de sueldo y otros continuaron trabajando con el pago diferido.
Entre los servicios que suelen verse afectados figuran el cierre de parques nacionales y museos, la suspensión de algunos trámites administrativos y la interrupción de determinados programas federales, mientras que áreas como las Fuerzas Armadas, la seguridad, el control aéreo y los programas sociales esenciales permanecen operativos.
Un proyecto con impacto político y judicial
La iniciativa también abre interrogantes sobre su implementación en Argentina. Uno de los puntos de mayor discusión será el impacto que podría tener sobre las transferencias a las provincias y la ejecución de programas nacionales.
Además, especialistas advierten que la eventual interrupción de pagos o prestaciones podría derivar en cuestionamientos judiciales, por lo que el Ejecutivo deberá definir un marco legal que establezca con precisión el alcance y las excepciones del futuro mecanismo.