Los embargos de ARCA generan preocupación entre las PyMEs, que advierten que el bloqueo de cuentas puede frenar pagos y afectar su actividad.
Las PyMEs se encuentran en alerta ante los mecanismos de ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Referentes empresarios advierten que los embargos de cuentas bancarias y digitales pueden concretarse pocos días después de la notificación de una deuda impositiva.
La situación genera preocupación en el sector porque, según plantearon representantes de cámaras empresarias, el bloqueo de una cuenta puede afectar de manera inmediata la operatoria cotidiana de una empresa, desde el pago de salarios y proveedores hasta el cumplimiento de otros compromisos.
El reclamo fue planteado públicamente por Diego Ojeda, presidente del Encuentro Nacional de la Actividad Comercial (ENAC), quien cuestionó el impacto que tienen estas medidas sobre las pequeñas y medianas empresas en un contexto económico complejo.
El reclamo de los empresarios
Ojeda sostuvo que las empresas pueden quedar alcanzadas por embargos de ARCA pocos días después de registrar un retraso en el pago de impuestos.
“Lamentablemente nos retrasamos en el pago de impuestos y ARCA nos embarga la cuenta”, afirmó el dirigente empresario. Según su planteo, en determinados casos el bloqueo puede producirse a los cinco días de la notificación de la deuda.
Desde el sector consideran que la aplicación de estas medidas tiene un efecto que va más allá de la deuda tributaria puntual. El argumento es que, al quedar inmovilizados los fondos, una empresa puede tener dificultades para afrontar otros pagos y sostener su funcionamiento habitual.
La advertencia se da en un escenario en el que las PyMEs enfrentan dificultades vinculadas con los costos, la presión fiscal, el nivel de actividad y las condiciones del mercado.
Preocupación por la cadena de pagos
Los referentes empresarios señalan que los embargos pueden generar un efecto en cadena. Una empresa que no puede utilizar sus fondos puede retrasar pagos a proveedores, comprometer obligaciones laborales o tener dificultades para mantener su actividad comercial.
La preocupación también alcanza a las cuentas digitales, según las denuncias realizadas por representantes del sector. En ese sentido, las cámaras empresarias cuestionan especialmente la velocidad con la que se ejecutan las medidas cuando existe una deuda impositiva.
No obstante, los planteos difundidos por el sector corresponden a las entidades empresarias y no implican, por sí mismos, una modificación de las normas que regulan los procedimientos de cobro de deudas tributarias. Para precisar el alcance legal de los plazos mencionados y su aplicación según cada tipo de deuda, resta incorporar información oficial de ARCA.
La discusión vuelve a poner en el centro la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas, que deben afrontar sus obligaciones tributarias al mismo tiempo que sostienen los costos de funcionamiento y la cadena de pagos.
Un reclamo que crece entre las PyMEs
Desde las organizaciones empresarias plantean que la situación requiere mecanismos que permitan regularizar las deudas sin paralizar la actividad de las compañías. El pedido apunta especialmente a contemplar la capacidad de pago de las empresas y evitar que una medida sobre sus cuentas termine profundizando sus dificultades financieras.
El planteo de Ojeda se suma a las advertencias de distintos sectores empresarios sobre el impacto que tiene la presión fiscal sobre las PyMEs. En particular, cuestionan que una deuda tributaria pueda derivar rápidamente en la imposibilidad de disponer de los fondos necesarios para mantener la actividad.
Mientras tanto, las empresas deberán continuar cumpliendo con sus obligaciones fiscales y afrontar los procedimientos de ejecución correspondientes cuando existan deudas. El alcance concreto de los embargos y los plazos de cada procedimiento dependerá de las características de cada obligación y del proceso administrativo o judicial involucrado.