El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno nacional cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.
La resolución se conoció este martes y representa un revés judicial para el Ejecutivo, que había dispuesto mediante el Decreto 759/2025 la suspensión de la aplicación efectiva de la norma hasta que el Congreso determinara los mecanismos para financiarla.
La UBA había cuestionado esa decisión y sostuvo que la suspensión dispuesta por el Gobierno constituía un “fraude constitucional”. El planteo llegó a la Justicia luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial a la ley.
El argumento del juez federal
En su resolución, Cormick consideró que, una vez rechazado el veto presidencial por parte del Congreso, el Poder Ejecutivo debía implementar la normativa sancionada. Según el magistrado, el procedimiento legislativo no contemplaba mecanismos que permitieran suspender la aplicación de la ley.
El juez también advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento. Señaló que la falta de aplicación de la norma puede generar “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, en particular frente al deterioro de los ingresos y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sistema universitario.
La resolución sostiene además que la medida cautelar no afecta el interés público. Por el contrario, Cormick consideró que el incumplimiento de la ley podría afectar derechos constitucionales vinculados con enseñar y aprender.
Otro de los argumentos utilizados en el fallo está relacionado con el impacto presupuestario. El magistrado estimó que la aplicación de la medida representaría un costo equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI) y consideró que ese impacto constituiría un ahorro “poco significativo” en relación con el presupuesto general de gastos de la Administración Pública.
Qué ordenó la Justicia al Gobierno
A partir de estos argumentos, el juez federal hizo lugar al planteo de la UBA y ordenó al Estado nacional cumplir “de forma inmediata” con lo establecido en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 27.795.
La decisión se produce, además, en un contexto de conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales por el financiamiento del sistema y la situación salarial de docentes y no docentes.
En ese marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había reclamado el cumplimiento de un acta firmada el 10 de junio, mediante la cual se había establecido la transferencia de fondos a las universidades nacionales para afrontar un incremento salarial del 24,33%.
El Gobierno había sostenido que ese acuerdo dejaba sin efecto una medida cautelar solicitada anteriormente y reclamó que fuera levantada.
Sin embargo, Cormick rechazó ese planteo. El magistrado sostuvo que el Estado nacional no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran solucionado de manera efectiva los perjuicios señalados en la causa, particularmente aquellos vinculados con el deterioro de los ingresos, la pérdida salarial y la disminución del poder adquisitivo del personal universitario.
La resolución se conoce mientras los gremios universitarios mantienen medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la normativa de financiamiento aprobada por el Congreso.