El proyecto enviado al Congreso deroga cuatro artículos de la ley de emergencia en discapacidad y modifica las condiciones de acceso a las pensiones, su compatibilidad con el empleo y el sistema de aranceles para las prestaciones. La oposición y prestadores cuestionaron la iniciativa.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso por los cambios que propone para el régimen de discapacidad. La iniciativa plantea derogar cuatro artículos de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad y modificar aspectos vinculados con las pensiones, la cobertura sanitaria y los valores de las prestaciones.
Uno de los cambios centrales está relacionado con las pensiones no contributivas. El proyecto propone reemplazar la actual Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social por una pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.
El porcentaje no se modificaría respecto del régimen actual. La diferencia estaría en el criterio utilizado para determinar el acceso al beneficio y en las condiciones asociadas a la pensión.
Cambios en la relación entre pensión y trabajo
El proyecto también modifica la compatibilidad entre el beneficio y el empleo formal.
Actualmente, la normativa permite conservar la pensión mientras la persona tenga un trabajo registrado o esté inscripta en el régimen general o simplificado, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se supera ese límite, el beneficio puede suspenderse y posteriormente rehabilitarse cuando dejan de cumplirse esas condiciones.
La propuesta del Ejecutivo establece, en cambio, que la futura pensión por invalidez laboral sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado.
Este punto fue cuestionado por sectores de la oposición, que advirtieron que podría generar un incentivo para permanecer en la informalidad.
También cambia el sistema de aranceles
Otro de los puntos centrales del proyecto es la modificación del esquema de aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad.
La ley de emergencia vigente establece valores iguales para todos los financiadores y contempla su actualización mediante el mecanismo de movilidad previsional, además de un estudio anual de costos para contemplar variaciones específicas del sector.
El Presupuesto 2027 propone derogar esa disposición y establecer un esquema diferente. Los valores dejarían de ser necesariamente uniformes y cada financiador —como obras sociales, prepagas u otros— podría determinar los montos en su relación con los prestadores.
Para las prestaciones financiadas por el Estado nacional se prevé una actualización trimestral y, si no se realiza en término, un mecanismo vinculado al IPC.
El cambio generó preocupación entre prestadores, que advierten sobre la posibilidad de que se produzcan diferencias entre financiadores y presión sobre los valores que reciben por las prestaciones.
Qué pasa con la cobertura de salud
El proyecto también plantea derogar el artículo 8 de la ley de emergencia, que establece una garantía específica de cobertura sanitaria para los titulares de la pensión no contributiva por discapacidad para protección social.
La modificación eliminaría esa garantía específica incorporada al régimen en 2025, aunque las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901 continúan formando parte del marco general.
El reclamo de la oposición
Las modificaciones ya generaron cuestionamientos de distintos sectores opositores. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que el Gobierno busca eliminar artículos centrales de la emergencia, mientras que Juan Marino, de Unión por la Patria, cuestionó el regreso del criterio de invalidez laboral y los cambios en las condiciones de las pensiones.
El diputado socialista Esteban Paulón también criticó especialmente la modificación del sistema de aranceles y sostuvo que el nuevo esquema podría afectar a personas con discapacidad y prestadores.
Los cuestionamientos se producen mientras la Cámara de Diputados comenzó a discutir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
De esta manera, el Congreso tiene sobre la mesa dos propuestas contrapuestas sobre el régimen: por un lado, la iniciativa opositora para extender la emergencia vigente durante todo 2027 y, por otro, el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo, que propone derogar parte de esa normativa y modificar aspectos centrales del sistema.