La iniciativa amplía las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las islas y sus espacios marítimos. También crea un Consejo de Seguridad Nacional y nuevos mecanismos de protección aeroespacial y marítima.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía el régimen de sanciones para las empresas y personas que desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin autorización argentina.
El proyecto ingresó este jueves a la Cámara de Diputados y reemplaza el esquema establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas. El nuevo régimen alcanzaría tanto a los recursos renovables como a los no renovables.
Entre las sanciones previstas aparecen multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, la suspensión o cancelación de permisos y la inhabilitación para operar en el país por períodos de entre cinco y 20 años.
Para las actividades vinculadas con recursos no renovables, el proyecto establece penas de 12 a 20 años de prisión. En el caso específico de la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización, las condenas previstas llegan a entre 15 y 20 años, mientras que las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.
El régimen también alcanza a proveedores que, con conocimiento de la actividad, aporten bienes o servicios esenciales para las operaciones prohibidas. Para ellos se contemplan penas de entre cinco y siete años de prisión, además de restricciones comerciales.
Un nuevo esquema de Seguridad Nacional
El proyecto excede el capítulo específico sobre Malvinas. La iniciativa crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, entre otros funcionarios.
El objetivo es coordinar bajo una misma estructura las áreas de diplomacia, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica. La creación del Consejo había sido anticipada por Milei a comienzos de septiembre, cuando anunció el envío de la iniciativa al Congreso.
Además, el proyecto incorpora procedimientos para la protección aeroespacial y marítima. En el caso de los buques considerados hostiles, contempla distintas etapas de intervención, desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia y medidas para inutilizar la embarcación como último recurso.
El envío del proyecto abre ahora la etapa de debate parlamentario, donde el oficialismo deberá definir el tratamiento en comisiones y avanzar en la negociación con los distintos bloques de la Cámara de Diputados.