El Gobierno de Córdoba presentó un proyecto que busca agilizar la intervención sobre búnkeres de droga, aguantaderos e inmuebles abandonados utilizados para actividades delictivas. La iniciativa también prevé destinar recursos decomisados al fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico.
El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una iniciativa que busca dotar al Estado provincial de nuevas herramientas para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública.
La propuesta establece un régimen específico para actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificaciones que faciliten la comisión de delitos, mediante procedimientos administrativos y judiciales que permitan una respuesta más rápida y coordinada.
Entre las medidas previstas se encuentran la realización de constataciones e informes técnicos, así como la posibilidad de aplicar acciones preventivas como clausuras, cerramientos, bloqueos de accesos o medidas de resguardo. En los casos más complejos, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico, la intervención quedará bajo la órbita judicial, que podrá ordenar desalojos, demoliciones o la restitución de inmuebles a sus propietarios legítimos.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de mecanismos para que los bienes decomisados y los recursos obtenidos en causas relacionadas con el narcotráfico sean reinvertidos en políticas de seguridad y prevención. Según la iniciativa, el 60% de esos fondos se destinará al fortalecimiento operativo y tecnológico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y abordaje impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
La normativa también contempla la creación de una Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y de un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que tendrán la función de coordinar el trabajo entre las distintas áreas provinciales involucradas, la Justicia, la Policía de Córdoba, la FPA y los gobiernos locales.
Además, se invita a municipios y comunas a adherir al régimen y participar mediante convenios de cooperación para facilitar las intervenciones en cada territorio.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es recuperar espacios que actualmente favorecen actividades ilícitas, fortalecer la presencia estatal en los barrios y generar herramientas más eficaces para combatir el narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada.
