El Comité Nacional de la UCR cuestionó la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que puede afectar la soberanía y los recursos estratégicos del país. El proyecto fue postergado por falta de acuerdos.
La Unión Cívica Radical (UCR) manifestó este jueves su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional en el Senado de la Nación, luego de que el tratamiento del proyecto quedara fuera del temario de la sesión por falta de consenso y de los votos necesarios para su aprobación.
A través de un comunicado difundido por el Comité Nacional de la UCR, el partido sostuvo que la iniciativa oficial «elimina limitaciones razonables» para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y advirtió que la propuesta podría comprometer «la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país».
El proyecto forma parte de la denominada ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que incluye, entre otros puntos, la eliminación de restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por ciudadanos y empresas extranjeras.
La discusión quedó postergada en el Senado
El tratamiento de la iniciativa fue retirado del orden del día de la sesión de este jueves debido a la falta de acuerdos entre los bloques parlamentarios. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó postergar el debate hasta la próxima sesión prevista para el 6 de agosto.
La posición del radicalismo adquiere relevancia porque el bloque cuenta con diez senadores, cuyos votos pueden resultar determinantes para el futuro del proyecto. No obstante, el propio escenario interno del partido muestra diferencias.
Si bien el comunicado fue difundido por el Comité Nacional, presidido por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, esa postura no necesariamente representa la posición de todos los legisladores y gobernadores radicales.
Hasta el momento, únicamente los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama expresaron públicamente su rechazo a la reforma. El resto del bloque mantiene distintas posiciones y algunos legisladores cercanos a gobernadores con diálogo con el Gobierno nacional aún no definieron su voto.
Qué cuestiona la UCR sobre la reforma
En el documento, la UCR recordó que fue uno de los impulsores de la legislación vigente, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fija límites a la propiedad rural extranjera.
La norma establece que hasta el 15% de las tierras rurales del país pueden estar en manos extranjeras y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo. Además, limita la extensión máxima que puede adquirir un mismo titular extranjero en la zona núcleo y prohíbe la compra de inmuebles rurales ubicados en zonas fronterizas o que contengan o limiten con lagos y ríos.
Según el comunicado partidario, la iniciativa del Gobierno permitiría que cada provincia defina sus propios criterios para regular estas operaciones, lo que, a juicio del radicalismo, podría derivar en una mayor desregulación.
«Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros», sostuvo el partido, al tiempo que remarcó que el Estado debe promover la inversión y la producción «sin poner en riesgo los recursos estratégicos».
También cuestionan cambios en la Ley de Manejo del Fuego
La UCR también expresó preocupación por las modificaciones previstas en la Ley N.º 26.815 de Manejo del Fuego, incluidas dentro del mismo paquete legislativo.
Según el partido, la propuesta del Gobierno elimina restricciones para el cambio de uso del suelo luego de incendios, una modificación que consideran sensible desde el punto de vista ambiental.
En el comunicado, además, señalaron que países como Estados Unidos, Canadá y Francia mantienen regulaciones sobre la compra de tierras por parte de extranjeros y defendieron la necesidad de preservar los recursos estratégicos mediante normas específicas.
Finalmente, el radicalismo afirmó que actualmente alrededor de 13 millones de hectáreas, equivalentes al 5% del territorio nacional, se encuentran en manos extranjeras y sostuvo que «defender la soberanía implica hacer cumplir la legislación vigente».
