La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, y establece que la sanción podrá modificarse si persiste la situación.
La resolución busca hacer efectiva una orden judicial que exige al Gobierno nacional avanzar con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de recomponer y actualizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.
El magistrado dispuso la aplicación de astreintes, un mecanismo que consiste en imponer sanciones económicas para procurar el cumplimiento de una obligación judicial. En esta primera etapa, el monto se fijó en $100.000 por cada día de incumplimiento.
Por qué la Justicia sancionó al Gobierno
La medida responde al reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que solicitó que se aplicara el apercibimiento ante la falta de cumplimiento de la cautelar.
Según los antecedentes citados en la resolución, Cormick había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con la orden judicial y había advertido que podía aplicar multas si no se acreditaba su cumplimiento. Tras vencer el plazo otorgado, el magistrado resolvió avanzar con la sanción económica.
El juez fundamentó la decisión en las atribuciones del titular de la Jefatura de Gabinete, de acuerdo con el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional. También dejó abierta la posibilidad de modificar tanto el monto de las multas como los funcionarios alcanzados si la situación continúa.
Qué establece la medida cautelar
La cautelar está vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla medidas para recomponer los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y actualizar los recursos destinados a las becas estudiantiles.
El reclamo del CIN se centra en la necesidad de que esas obligaciones se hagan efectivas. La falta de actualización salarial y las dificultades para sostener los programas de becas forman parte de los puntos centrales de la controversia entre las universidades y el Gobierno nacional.
La sanción dispuesta por Cormick no constituye una multa general al Estado sin destinatario específico: alcanza inicialmente al funcionario que está al frente de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, por las responsabilidades que el magistrado le atribuye en la administración del presupuesto.
La apelación del Gobierno y la vigencia de la cautelar
El conflicto judicial también incluye la impugnación del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En una resolución anterior, Cormick declaró inconstitucional esa disposición y ordenó avanzar con la implementación de la norma.
El Gobierno apeló ese fallo. Sin embargo, según la información publicada por medios nacionales, la apelación sobre la cuestión de fondo no dejó sin efecto la medida cautelar que exige cumplir las obligaciones relacionadas con los salarios universitarios y las becas.
La resolución que impone las multas se apoya precisamente en el incumplimiento de esa orden provisoria, cuya vigencia fue confirmada judicialmente. De esta manera, el expediente suma una nueva instancia en la disputa por la aplicación de la ley y el financiamiento de las universidades públicas.
El magistrado advirtió que la sanción podrá ampliarse si continúa el incumplimiento. El alcance de eventuales modificaciones dependerá de las decisiones que se adopten en el expediente judicial.