El Frente de Jubiladas y Jubilados de Río Cuarto rechazó el plan anunciado por Luis Caputo y cuestionó el destino de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.
El Frente de Jubiladas, Jubilados, Pensionadas y Pensionados de Río Cuarto expresó su rechazo al anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES como mecanismo de financiamiento para ampliar la oferta de créditos hipotecarios.
La medida anunciada este miércoles contempla un programa de hasta $2 billones, mediante licitaciones de depósitos a plazo del FGS para bancos, con el objetivo de otorgarles fondeo de mayor plazo y facilitar el acceso a préstamos hipotecarios para la compra de viviendas. Según información publicada por distintos medios, el esquema podría alcanzar a entre 17.000 y 18.000 familias.
Desde la organización de Río Cuarto cuestionaron que los recursos previsionales sean utilizados para financiar al sistema financiero y reclamaron que el dinero del fondo tenga como prioridad la situación de jubilados y pensionados.
El cuestionamiento al uso de los fondos de ANSES
En un comunicado difundido este 26 de agosto, el Frente sostuvo que la iniciativa representa un «nuevo saqueo» de los recursos de los jubilados y consideró que el mecanismo terminará beneficiando principalmente a bancos y desarrolladores inmobiliarios.
«El FGS no es una caja para timba financiera. Es la garantía de las jubilaciones presentes y futuras», plantearon desde la organización.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado como un instrumento de respaldo del sistema previsional y actualmente administra activos por más de US$70.000 millones, según datos difundidos en el marco del anuncio oficial. El Gobierno, sin embargo, aclaró que solo una parte del fondo será destinada al programa hipotecario.
La propuesta oficial establece que los bancos podrán obtener financiamiento del FGS a plazos de entre uno y cinco años. A cambio, deberán ofrecer una determinada rentabilidad al fondo. El objetivo declarado por el Gobierno es resolver el descalce de plazos que dificulta que las entidades otorguen préstamos hipotecarios de largo plazo.
Críticas desde Río Cuarto
El Frente de Jubiladas y Jubilados de Río Cuarto puso el foco en la situación económica de quienes perciben jubilaciones y pensiones y cuestionó las prioridades de la política económica nacional.
En ese sentido, el comunicado menciona el caso de una jubilada de la ciudad que, según la organización, percibe alrededor de $400.000 y habría tenido dificultades para acceder a un medicamento oncológico. El Frente utilizó esa situación como ejemplo para contrastarla con el anuncio de financiamiento destinado al mercado hipotecario.
La organización también cuestionó que el Gobierno destine hasta $2 billones a través del FGS mientras, según su planteo, persisten dificultades para garantizar ingresos suficientes y prestaciones de salud para los adultos mayores.
«Esta es la verdadera justicia social al revés que propone este gobierno: ajuste brutal a las y los jubilados y beneficios para el mercado financiero», señalaron.
Qué contempla el anuncio de Caputo
El Gobierno sostiene que la medida busca ampliar la disponibilidad de créditos para primera vivienda y estimular la actividad económica vinculada con la construcción.
El programa comenzará con una primera licitación por $200.000 millones y contempla un esquema progresivo hasta alcanzar los $2 billones. Los préstamos hipotecarios estarán vinculados a la modalidad UVA y las entidades participantes deberán respetar una tasa máxima para los créditos que otorguen bajo el programa.
De acuerdo con la información difundida tras la presentación, el objetivo oficial es que los bancos puedan contar con fondeo de mayor plazo para otorgar créditos a 20 o 25 años, frente a la dificultad de financiar préstamos de largo plazo con depósitos bancarios de vencimientos mucho más cortos.
El Frente de Jubiladas y Jubilados de Río Cuarto, en cambio, sostiene que los recursos del FGS deberían permanecer orientados a fortalecer el sistema previsional y mejorar las condiciones de vida de jubilados y pensionados.
La organización calificó la iniciativa como «inconstitucional, inmoral e injusta», aunque esa caracterización corresponde a su posición y no implica que exista, hasta el momento, una declaración judicial de inconstitucionalidad sobre la medida.