El juicio por delitos de lesa humanidad investiga 78 víctimas en el sur cordobés, con estudiantes, docentes y trabajadores de la UNRC entre los afectados.
El juicio por delitos de lesa humanidad conocido como Gutiérrez-Di Santo comienza este martes en los Tribunales Federales de Córdoba y pone en el centro de la escena a Río Cuarto y el sur provincial. El proceso investigará secuestros, torturas, homicidios y otros crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, con hechos que se remontan a 1975.
La causa comprende 78 víctimas, muchas de ellas vinculadas con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Entre los casos que serán analizados se encuentran los de personas desaparecidas, docentes y trabajadores universitarios que fueron perseguidos durante el terrorismo de Estado.
El expediente, identificado como “Di Santo, Daniel y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, etc.” (FCB 2880/2014/TO1), es considerado uno de los procesos más importantes de la última década por la cantidad de personas involucradas y la extensión de los hechos investigados.
Una causa que reconstruye el terrorismo de Estado en el sur cordobés
El tribunal está integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y María Noel Costa. Durante el proceso está prevista la declaración de alrededor de un centenar de testigos, cuyas testimoniales permitirán reconstruir los hechos y las responsabilidades que se investigan.
Los delitos atribuidos a los acusados incluyen privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual. Las responsabilidades individuales deberán determinarse en el marco del juicio, de acuerdo con las pruebas que se incorporen al expediente.
Las audiencias se desarrollan en el primer piso de los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba y, según la información difundida antes del inicio del proceso, se extenderán al menos hasta mediados de 2027.
Las víctimas vinculadas con la Universidad Nacional de Río Cuarto
Entre los casos que forman parte de la investigación figuran los de Elsa Gladys Comba de Comba, Gabriel Braunstein Maiden y Ernesto Silber, mencionados entre las personas desaparecidas cuyos casos serán abordados durante el debate.
También se encuentra el caso de Alberto Pinto, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien padecía epilepsia y murió mientras permanecía detenido en La Plata. Según la información de origen, su muerte estuvo vinculada con las torturas sufridas desde su detención.
La presencia de integrantes de la comunidad universitaria entre las víctimas le otorga al proceso una relevancia particular para Río Cuarto. La investigación permitirá examinar las circunstancias de los hechos denunciados y las responsabilidades que se atribuyen a los integrantes de las fuerzas de seguridad y de inteligencia involucrados.
Los acusados y el reclamo por las demoras judiciales
La nómina difundida antes del comienzo del juicio incluye a Daniel Di Santo, Rubén Roque Principi, Juan Carlos Nieto, Miguel Ángel Salinas, Miguel Ángel Gómez, Ernesto González Fossat, Carlos Jesús Regueira, Carlos Miguel Tronchín, Juan Eduardo Ramón Molina, Carlos Alfredo Yanicelli, Miguel Ángel Pérez, Carlos Ibar Pérez, Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, Ernesto Guillermo Barreiro, Juan Eusebio Vega, Carlos Alberto Díaz, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnaldo José López, José Luis Yáñez, Carlos Alberto Quevedo, Adolfo Patricio Etchehun, Pablo Skalany y Ramón Alfredo Navarro.
En la víspera del inicio de las audiencias, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Río Cuarto cuestionó las demoras que atravesó la investigación. La organización advirtió que la prolongación de la instrucción judicial produjo lo que definió como una “impunidad biológica”, en referencia al fallecimiento de personas señaladas como responsables antes de que pudieran ser juzgadas.
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Entre los casos mencionados por la entidad figuran los de Hugo Roberto Aspitia, exsegundo jefe de Inteligencia de la Unidad Regional Sud de la Policía, y Miguel Ángel “Gato” Gómez, señalado por la APDH como uno de los torturadores locales.
El proceso constituye un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por los crímenes de la última dictadura y será seguido especialmente en Río Cuarto, donde numerosas víctimas tuvieron vínculos con la universidad pública y con la vida social de la región.