Trabajadores del Poder Judicial realizaron ayer un paro y continuarán con más medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Ejecutivo. El Colegio de Abogados de Río Cuarto expresó su preocupación por la afectación al ejercicio de la profesión.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba volvió a manifestarse con fuerza esta semana, mediante un paro total de actividades, en reclamo de una urgente recomposición salarial. Desde el sindicato advirtieron que el Gobierno provincial aún no ofrece soluciones concretas y que «tampoco es posible avanzar en el corto plazo con otros puntos votados en la asamblea extraordinaria».
Ante la falta de avances en las negociaciones, el gremio anunció que la semana próxima se llevarán a cabo “asambleas ruidosas e informativas” en distintas sedes judiciales de la provincia. Además, no se descartan nuevas medidas de fuerza en los próximos días. El lunes 21 de abril, la Mesa de Lucha de AGEPJ volverá a reunirse para definir los pasos a seguir en el marco del conflicto.
Desde el gremio insistieron en la urgencia del reclamo salarial y la necesidad de respuestas inmediatas: “Los trabajadores no pueden seguir esperando mientras la inflación deteriora sus ingresos día a día”, señalaron voceros sindicales. En Río Cuarto, el paro de ayer logró un total acatamiento de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial.
La situación generó la reacción del Colegio de Abogados de Río Cuarto, que a través de un comunicado manifestó su “preocupación por el cese de actividades por parte de los empleados del Poder Judicial”. Desde la institución recordaron que esta paralización afecta directamente a la ciudadanía, ya que limita el acceso a la justicia y obstaculiza el ejercicio profesional de los abogados y abogadas.
“El acceso a la justicia es un pilar esencial del estado de derecho y debe ser preservado en todo momento”, expresa el comunicado. En ese sentido, el Colegio hizo un llamado a las autoridades y a las partes involucradas para que “busquen soluciones prontas y efectivas que permitan garantizar la continuidad de los servicios judiciales”.
Mientras crece el malestar entre los trabajadores y se multiplican los reclamos, la incertidumbre persiste en los tribunales cordobeses, a la espera de que el Gobierno provincial brinde respuestas concretas a un conflicto que ya impacta de lleno en la ciudadanía.
