A 11 años de Ni Una Menos, la organización que nuclea a trabajadoras judiciales cuestionó las falencias del sistema de justicia provincial. El pronunciamiento se conoció en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Madeleine Vega y reclama más recursos para prevenir la violencia de género.
A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos y en un contexto marcado por la conmoción social tras el femicidio de Agostina Madeleine Vega, Judicialas-AGEPJ difundió un duro pronunciamiento en el que cuestiona el funcionamiento del sistema judicial cordobés y reclama la construcción de un Estado capaz de intervenir antes de que la violencia machista termine en tragedia.
El documento, titulado “El desafío pendiente, construir un Estado que llegue antes”, advierte que la violencia de género continúa siendo una problemática estructural en Argentina y sostiene que “la violencia machista sigue arrebatándonos vidas cada 36 horas”.
Desde la organización remarcaron que las mujeres representan el 75% del personal del Poder Judicial de Córdoba y señalaron que las falencias del sistema no son nuevas, sino que vienen siendo denunciadas desde hace años por quienes trabajan diariamente en los distintos organismos judiciales.
“No hablamos desde la teoría: hablamos desde la experiencia cotidiana de quienes intentan hacer funcionar un sistema que hace tiempo opera por encima de sus límites”, expresa el texto.
Falta de recursos y estructuras desbordadas
Entre los principales cuestionamientos, Judicialas Córdoba menciona la insuficiencia de recursos humanos y materiales, la fragmentación de los circuitos institucionales y la falta de una perspectiva de género efectiva en los espacios de decisión.
Según el pronunciamiento, las unidades territoriales encargadas de recibir denuncias y activar las primeras intervenciones atraviesan una situación crítica.
“Guardias sostenidas por una sola persona durante toda la madrugada, oficinas sin infraestructura adecuada y equipos que deben responder a situaciones extremas con recursos cada vez más escasos”, describe el documento.
En ese marco, advierten que resulta imposible garantizar de manera simultánea la rapidez en la respuesta, la escucha activa y el acompañamiento que requieren las víctimas de violencia de género.
La organización también sostuvo que las dificultades alcanzan a fiscalías, fueros especializados y equipos técnicos, donde el crecimiento constante de las causas convive con estructuras que no se han adaptado a las nuevas demandas sociales.
Críticas a la respuesta institucional
Uno de los pasajes más contundentes del documento señala que “no hay perspectiva de género posible en instituciones desbordadas”, en referencia a las condiciones en las que actualmente funciona parte del sistema judicial.
Asimismo, las trabajadoras judiciales cuestionaron la falta de autocrítica institucional y advirtieron que el modelo actual de gestión prioriza indicadores de eficiencia que no reflejan las dificultades reales que enfrentan quienes intervienen en situaciones de violencia.
“El sistema actual pregona una supuesta eficiencia y rapidez que choca contra una realidad cotidiana signada por el desborde, la fragmentación y un financiamiento escaso y mal dirigido”, sostienen.
Finalmente, Judicialas-AGEPJ advirtió que, tras hechos de alto impacto social, suele intentarse identificar responsabilidades individuales sin abordar los problemas estructurales de fondo.
“Se intenta buscar culpables individuales para ocultar las falencias de diseño, presupuesto y gestión del propio Estado”, concluye el pronunciamiento.
El documento se conoció en una fecha simbólica para el movimiento Ni Una Menos y reaviva el debate sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención de la violencia de género y la necesidad de fortalecer los mecanismos estatales de protección antes de que ocurran desenlaces irreversibles.