Distintas agrupaciones de inquilinos de la provincia de Córdoba manifestaron que la nueva ley no solucionó nada y señalaron que cada vez se hace más difícil pagar los alquileres. Con la nueva normativa, los sueldos vienen perdiendo la carrera contra el incremento de los alquileres.
Los inquilinos manifestaron que están muy preocupados por las dificultades que atraviesan quienes tienen que alquilar. Indicaron que la actualización anual es difícil de afrontar porque los salarios siempre están atrasados respecto al incremento de los alquileres.
La nueva Ley de Alquileres, sancionada a mediados del 2020, terminó siendo un problema en lugar de una solución para los inquilinos. Según un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Córdoba, los resultados fueron los opuestos a los buscados, perjudicando a quienes alquilan y haciendo más difícil el acceso a la vivienda.
Los salarios formales no pudieron seguir el ritmo de aumentos en los alquileres, limitando así el acceso a las viviendas a muchas familias, en un contexto económico adverso.
Según el informe, un alquiler promedio en la ciudad de Córdoba equivale al 29% de un salario promedio en el sector formal de la provincia.
En la Capital Alterna la realidad del sector es la misma. “La situación en Río Cuarto es desesperante a la hora de alquilar porque te piden muchos requisitos y la Ley de Alquileres jamás se respetó acá”, expresó Lorena Vieyra, integrante de Inquilinos Autoconvocados de Río Cuarto, a CÓRDOBA HOY.
Aseguró que “las inmobiliarias piden muchos requisitos, sumado a que en varios lugares no podés alquilar con niños, ni con mascotas. Además, te hacen pagar impuestos municipales y en algunos casos rentas también”. Agregó que los propietarios “te dicen si no estás de acuerdo no alquiles”.
Por su parte, Maximiliano Vittar, referente de la asociación Inquilinos Córdoba, aseguró que los ciudadanos siguen sufriendo los abusos de los propietarios de inmuebles a la hora de alquilar. “La situación no mejoró porque no se está cumpliendo la ley”, expresó.
Lorena Vieyra dijo que en la Capital Alterna “la ley jamás se respetó, más que para actualizar el precio. Además, con la nueva normativa, las inmobiliarias piden lo que ellos quieren a la hora de renovar y han subido mucho el precio”.
En su caso particular, contó: “Tuve que renovar contrato, me lo hicieron por tres años, pero sigo pagando el impuesto municipal cuando la ley dice que no. La respuesta del dueño es que si no estoy de acuerdo que me mude”.
Lo cierto es que no resulta tan fácil porque a la hora de buscar un alquiler los inquilinos deben afrontar una importante suma de dinero de seña y también los gastos de mudanza, más los trámites para solicitar cada uno de los servicios. Una problemática que sigue vigente a pesar de la nueva normativa.
“El que quiera alquilar tiene que tener recibo de sueldo y dos garantías que superen los 70 mil pesos, entre otras exigencias”, relató la integrante de Inquilinos Autoconvocados de Río Cuarto.
La abogada y corredora inmobiliaria Verónica Sacchetta, quien es titular de la sede de Acción y Defensa al Consumidor e Inquilino (ADCOIN) en Río Cuarto, dijo que “lamentablemente han sido más los problemas que trajo la ley que los beneficios”.
Remarcó que uno de los puntos más críticos es el porcentaje de actualización anual. “Hoy lo que está pasando es que ese índice que es superior al 53% termina perjudicando al inquilino, ya que ningún sueldo aumenta en esa proporción, entonces la mayoría tiene que rescindir el contrato, pagar multas, mudanza y nuevamente afrontar gastos de comisión en otro lugar porque no puede pagar ese incremento”, comentó Saccheta en diálogo con CÓRDOBA HOY.
Indicó que en Río Cuarto muchas propiedades que estaban en alquiler se han sacado del mercado y lo poco que se ofrece tiene costos muy elevados.
Contó que la semana pasada fueron invitados al Concejo Deliberante para debatir la problemática e intentar armar alguna propuesta en conjunto para enviar a la Cámara de Diputados porque es una cuestión que afecta a muchísimas familias, que son las que no pueden acceder a la vivienda propia.
El regreso de la indexación de los contratos y regulaciones innecesarias a través de la nueva Ley resultaron a las claras en un grave error de diagnóstico por parte de los hacedores de política, limitando el acceso a los alquileres e incrementando las desigualdades, al verse más perjudicados aquellos más vulnerables que no solo no cuentan con la capacidad financiera de soportar la elevada carga que significa un alquiler, sino que además vieron más afectados sus ingresos por la crisis de la pandemia y que además ahora deben enfrentarse a exageradas barreras de entrada a la hora de alquilar, como son las garantías requeridas por Ley y los costos asociados a registrar el contrato de locación.
